La presidenta de México informó que no se descarta ejercer acciones penales contra proveedores del sector salud que han incumplido con la entrega de medicamentos. Esto es especialmente relevante en el caso de los oncológicos. Señaló que la Secretaría de Transparencia está dando seguimiento puntual a estos casos para deslindar responsabilidades.
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Además, explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realiza una investigación exhaustiva. Se centra en las operaciones de estos proveedores. Indicó que se han detectado posibles redes de irregularidades en la distribución de productos médicos. Esto podría haber afectado la calidad y el acceso a tratamientos para pacientes con cáncer.
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La mandataria también recordó que, en el pasado, el extinto Seguro Popular operaba con un modelo que concentraba los contratos en pocas empresas proveedoras y concesionarias. Estas, según explicó, ofrecían precios elevados y limitaban la competencia. En respuesta a esa situación, el gobierno actual optó por realizar compras directas a farmacéuticas. Esta medida busca transparencia y eficiencia.
Finalmente, afirmó que algunas de estas empresas desplazadas han promovido campañas de desprestigio contra el gobierno. “Es normal que haya enojo, ya no son consideradas”, dijo. Reiteró que el objetivo principal es garantizar el abasto de medicamentos con criterios de equidad y responsabilidad.
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