El Secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, informó que la reciente instalación del Consejo Directivo de SIMAS carece de efectos jurídicos, debido a que no se llevó a cabo conforme lo establece el artículo 24 de la Ley de Aguas, explicando que dicho Consejo requiere de la aprobación del Cabildo, órgano máximo de decisión en el municipio, ya que la responsabilidad en materia de agua potable, drenaje y alcantarillado está encomendada al Ayuntamiento, según lo marcan la Constitución.
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“El Ayuntamiento actuó con responsabilidad. Lo primero fue declarar la falta de validez jurídica de esta instalación y, al mismo tiempo, dejar a salvo todos los actos realizados para no poner en riesgo los contratos ni el funcionamiento del sistema. Con esto se garantiza la continuidad del servicio y se brinda estabilidad”, señaló el funcionario.
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Durante la sesión de Cabildo también se sometió a votación la propuesta de integrar formalmente el Consejo Directivo con representantes de los sectores público, social y privado, como lo indica la Ley. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría calificada requerida, equivalente a 14 votos de los 20 integrantes del Cabildo.
Aguilar subrayó que la decisión adoptada por el Ayuntamiento es un acto de responsabilidad institucional, que busca proteger el servicio de agua potable y dar certeza jurídica a los procesos administrativos que de él dependen.