El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ha sacudido a todo México y reavivado las alarmas sobre la crisis de violencia que azota al país bajo la administración de Morena.
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El edil, reconocido por su coraje al denunciar públicamente la influencia del crimen organizado en su municipio, fue ultimado durante las celebraciones del Día de Muertos, en pleno evento público y ante la mirada de decenas de ciudadanos.
No se trató de un hecho fortuito ni inesperado. Manzo había advertido las amenazas, había solicitado ayuda y exigido protección. Tocó puertas en el gobierno de Michoacán, en las dependencias federales e incluso buscó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su llamado fue ignorado. Nadie respondió, nadie actuó, y la consecuencia fue su asesinato.
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Aunque el gobierno federal aseguró que el edil contaba con un “esquema de protección”, ese resguardo desapareció en el momento más crítico. En la práctica, el crimen organizado volvió a demostrar su poder en una región donde la autoridad parece haber bajado los brazos o, peor aún, haberse convertido en cómplice por indiferencia.
El homicidio de Manzo se suma a una larga lista de funcionarios locales que han sido víctimas de la violencia. En lo que va de esta administración, más de 90 alcaldes y servidores públicos han sido asesinados. En casi todos los casos hubo advertencias previas, denuncias y pedidos de ayuda que fueron ignorados. El patrón se repite: amenazas, silencio oficial, y después, el crimen.
La política de seguridad impulsada por el gobierno federal ha quedado en entredicho. “Abrazos, no balazos” —el lema que alguna vez se presentó como fórmula de paz— suena hoy como una frase hueca frente a una realidad marcada por la sangre y el miedo.
Los criminales no se desarman con abrazos, los ciudadanos no se salvan con discursos, y los alcaldes no se protegen con comunicados.
La muerte de Carlos Manzo duele e indigna. Es el retrato de un país donde la honestidad y el valor tienen un alto costo, donde los que enfrentan al crimen pagan con su vida y los que callan siguen disfrutando del poder.
Mientras en Palacio Nacional se intenta maquillar la realidad con mensajes triunfalistas, en las calles prevalece el miedo, la extorsión, los secuestros, los cobros de piso y la impunidad.
El crimen de Uruapan no solo exhibe la vulnerabilidad de los gobiernos locales, sino también el colapso moral y político de un Estado que ha dejado de garantizar la vida de sus propios representantes.
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