La diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, de la Fracción Parlamentaria del Partido Unión Democrática de Coahuila, presentó una iniciativa para armonizar la legislación estatal con la reciente reforma constitucional publicada el 9 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.
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Esta reforma modificó el artículo 73 de la Constitución, trasladando la competencia exclusiva para legislar sobre el delito de extorsión al Congreso de la Unión.
Guerrero explicó que, con esta modificación constitucional, la Federación será la encargada de emitir una Ley General en materia de extorsión, la cual establecerá la tipificación, sanciones, agravantes y procedimientos que deberán aplicar tanto autoridades federales como estatales.
Mientras se expide esa ley, las normas locales continuarán vigentes, pero una vez publicada, las legislaciones de los estados deberán ajustarse obligatoriamente.
Actualmente, Coahuila mantiene la regulación del delito de extorsión en los artículos 332 y 333 de su Código Penal, pero esas disposiciones serán incompatibles con el nuevo marco jurídico nacional. Por ello, la iniciativa presentada propone derogar ambos artículos para evitar contradicciones legales y garantizar certeza jurídica.
La reforma incluye además modificaciones en dos leyes estatales.
Primero, se adiciona el artículo 106 Bis a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, para obligar a los centros penitenciarios a contar con tecnologías de inhibición de llamadas, radiocomunicación y transmisión de datos, medida fundamental para evitar que este delito se siga operando desde los penales
Segundo, la propuesta incorpora un artículo transitorio Octavo a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Este establece que, dentro de los 60 días posteriores a la emisión de la Estrategia Nacional contra la Extorsión
La Secretaría deberá diseñar su Estrategia Estatal, alineada con los lineamientos federales y coordinada con instituciones como la FGR, la Fiscalía estatal y autoridades de seguridad pública.
Guerrero subrayó que esta armonización es necesaria para que Coahuila mantenga certeza jurídica, coordinación institucional y eficacia operativa ante un delito que ha aumentado a nivel nacional.
Añadió que el cumplimiento oportuno permitirá que el estado preserve su fortaleza en materia de seguridad, en contraste con el desorden normativo que enfrentan otras entidades del país.
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