La presidenta de la Comisión de Auditoría del Congreso del Estado, Edna Dávalos, advirtió que los ayuntamientos y dependencias públicas deberán apegarse estrictamente a la ley en el manejo de recursos al cierre del año, particularmente en lo relacionado a bonos navideños, gratificaciones especiales o pagos extraordinarios que no estén previstos en el tabulador oficial aprobado por el Poder Legislativo.
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Dávalos recordó que la revisión del gasto público se encuentra en una etapa clave rumbo al análisis del avance de gestión financiera.
“Integrantes de la Comisión de Auditoría estamos revisando la información adelantada al informe que el Auditor Superior nos presenta en diciembre”, explicó. La funcionaria detalló que este proceso culminará en febrero, cuando el Pleno del Congreso vote el dictamen correspondiente.
Ante la temporada decembrina, señaló que hasta el momento no existen datos que indiquen la entrega de bonos navideños para regidores, alcaldes o funcionarios públicos, y enfatizó que cualquier pago fuera del marco legal será motivo de observación.
“No se puede autorizar nada que esté fuera de la ley o del tabulador aprobado por el Congreso”, sostuvo.
La legisladora subrayó que el uso indebido de recursos podría tener consecuencias serias. “Cuando los montos exceden los 300 mil pesos puede considerarse una falta grave que lleve a un proceso judicial y penal”, advirtió.
Aclaró que, en montos menores, la Auditoría Superior podría fincar faltas administrativas o aplicar multas por incumplimiento de la normativa.
Dávalos insistió en que la ciudadanía exige responsabilidad y transparencia: “La gente quiere que el recurso público se ejerza en obras y beneficios para los ciudadanos, no en privilegios para funcionarios”
Por ello, la Comisión de Auditoría vigilará estrictamente que los municipios no recurran a compensaciones no autorizadas bajo ningún concepto.
Recalcó también que la revisión del gasto de fin de año será particularmente rigurosa. “La Auditoría Superior está trabajando para verificar que se cumpla lo que establece la ley; si no es así, las observaciones aparecerán al finalizar el año”, apuntó.
Finalmente, reiteró que la responsabilidad recae directamente en cada administración municipal y dependencia estatal. “Es indispensable que los ayuntamientos sean responsables y se ajusten a lo que ellos mismos presentaron ante el Congreso”, concluyó
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