El Congreso del Estado de Coahuila recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por diputadas y diputados del PRD, PRI y PAN, mediante la cual se propone reformar la fracción IV del artículo 10 de la Ley para la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres en Situación de Violencia.
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La propuesta, expuesta por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro, tiene como objetivo ampliar y precisar la medida relacionada con la entrega inmediata de objetos y bienes esenciales a las víctimas y sus dependientes, evitando que estos sean utilizados como mecanismos de control, coerción o violencia.
La exposición de motivos subraya un contexto alarmante. De acuerdo con ONU Mujeres, “una de cada tres mujeres en el mundo experimenta violencia, principalmente a manos de su pareja”
En México, esta realidad se intensifica entre niñas y adolescentes: “el 92.8% de las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años atendidas en hospitales eran mujeres”, mientras que el 87.3% de las víctimas de violencia familiar también corresponden a este grupo.
La problemática no solo está documentada, sino que se agrava por la falta de denuncia. La Encuesta Nacional de Victimización del INEGI precisa que “la falta de pruebas y el temor hacia la persona agresora son las principales causas por las que las mujeres no denuncian”.
Ante ello, la propuesta legislativa busca cerrar brechas normativas y brindar herramientas más efectivas para proteger a quienes enfrentan entornos violentos
En el ámbito estatal, la diputada Fraustro destacó los avances impulsados en Coahuila, particularmente la creación de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, así como el fortalecimiento de los Centros de Justicia y Empoderamiento.
Según su informe anual, “durante 2024 se atendieron a 44,237 mujeres, con un total de 171,673 servicios brindados”. Además, se presentaron 12,111 denuncias y se emitieron 11,682 medidas de protección.
La iniciativa reconoce que la violencia se manifiesta en los propios hogares y que muchas veces se utiliza la retención de bienes —como documentos oficiales, objetos personales, medicamentos o insumos básicos de niñas y niños— como un instrumento para someter a las víctimas.
“Es fundamental garantizar la restitución inmediata de estos bienes para impedir que se conviertan en un mecanismo de dominación”, señala el documento.
La reforma plantea una redacción más clara y operativa, fortaleciendo el catálogo de medidas de protección inmediata y alineándose con los principios de protección integral, perspectiva de género, interés superior de la niñez e inmediatez
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