Un juez federal resolvió finalmente el amparo a un estudiante de tercer grado de la Secundaria Técnica No. 35 en Monclova, lo que impidió a la institución aplicar el protocolo de atención a la violencia escolar tras una presunta agresión contra un docente.
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La medida judicial prohíbe a la escuela cambiar al alumno de plantel o aplicar el reglamento interno, dejando sin efecto cualquier medida disciplinaria mientras se resuelve el fondo del asunto, lo cual ha generado inconformidad entre el personal docente, que desde entonces labora bajo protesta.
“El juez dictaminó que no se cambiara al alumno ni se aplicara el reglamento; nosotros acatamos, pero no estamos de acuerdo”, expresó el director del plantel, Jesús Borjón.
Aunque el estudiante no fue retirado de la institución, la suspensión otorgada paralizó el proceso interno que debía activarse tras la agresión reportada. El directivo aseguró que el fallo judicial derivó de una mala gestión legal por parte del área jurídica de la Secretaría de Educación.
“La resolución vino porque el departamento jurídico no manejó adecuadamente el caso”, agregó Borjón.
El incidente ha reactivado el debate sobre los vacíos legales en el sistema educativo que, en situaciones de conflicto, pueden impedir a las escuelas garantizar la seguridad de sus trabajadores y aplicar protocolos formales de actuación.
Mientras la Secretaría de Educación revisa posibles acciones jurídicas, el personal de la Secundaria Técnica 35 continúa expresando su inconformidad, exigiendo que se respete el reglamento institucional y se privilegie un entorno seguro y respetuoso dentro del plantel.