La presencia de menores en las calles vendiendo productos o pidiendo dinero se incrementa durante la temporada decembrina. Sin embargo, en muchos casos se trata de familias provenientes de comunidades indígenas, donde estas prácticas forman parte de sus usos y costumbres ancestrales.
Ante esta realidad, el visitador regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Luis Ángel San Miguel Garza, hizo un llamado a la ciudadanía a no prejuzgar ni actuar con violencia institucional o social, sino a reportar con datos claros y permitir que se despliegue el protocolo de evaluación con enfoque intercultural.
“Nosotros no podemos actuar sin un reporte bien detallado, que incluya al menos el nombre de pila del menor, de los padres, el domicilio y la presunta vulneración. Con esa información activamos
Publicidad NRT
una evaluación del entorno familiar”, explicó.
Reconoció que en muchos de estos casos no se trata de explotación infantil como tal, sino de formas de subsistencia comunitaria que han sido transmitidas por generaciones.
“Hay comunidades indígenas que se amparan en sus usos y costumbres para justificar estas prácticas. Es su modo de vida, su forma de sustento. Y en ese sentido, existe un marco legal que también protege sus derechos culturales”, señaló San Miguel.
Este enfoque, explicó, genera un choque de criterios jurídicos y sociales, ya que mientras por un lado se protege el interés superior de la niñez, también se deben respetar los derechos de los pueblos originarios a conservar su identidad cultural.
“Así como aún existen matrimonios infantiles en algunas comunidades indígenas –aunque ya están penados por la ley–, también se conserva la costumbre de que toda la familia colabore para sobrevivir. No podemos abordar estos casos sin comprender su contexto”, agregó.
San Miguel pidió a la ciudadanía tampoco criminalizar a las familias indígenas.
“A veces nos dicen que hay niños en tal crucero, pero al llegar ya no están. No podemos hacer persecuciones. Se requiere información específica para actuar con base en derechos y sin vulnerar la dignidad de ninguna comunidad”, concluyó.