Un creciente clima de inconformidad y temor se ha desatado entre los funcionarios de la Presidencia Municipal de Lamadrid, luego de que denunciaran constantes amenazas por parte de la alcaldesa Magda Ortíz Pizarro, quien presuntamente ha condicionado la permanencia laboral al pago inmediato de diversos adeudos personales.
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De acuerdo con testimonios de los propios trabajadores, la alcaldesa ha exigido que quienes tienen pendientes los pagos de predial y agua potable los liquiden de inmediato, advirtiendo que, de no hacerlo, serán enviados a descanso obligatorio sin goce de sueldo. La medida fue calificada por los empleados como una forma de presión injustificada.
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Reducción de personal para 2026
Según relatan los funcionarios, Ortíz Pizarro también anunció que para el próximo año la plantilla laboral de 118 empleados se reducirá a menos de 100, dejando claro que quienes no cumplan con los pagos solicitados serán los primeros en ser dados de baja.
Esta advertencia ha generado preocupación entre los burócratas, pues señalan que la alcaldesa está utilizando adeudos personales —que nada tienen que ver con sus obligaciones laborales— como criterio para determinar quién continuará en el empleo.
Aportaciones obligatorias y cuotas partidistas
Las denuncias señalan que las exigencias no se limitan al predial y al servicio de agua potable. La alcaldesa también habría pedido una cooperación de 250 pesos para la compra de regalos navideños y dulces, así como el pago de cuotas partidistas, lo que los empleados consideran una imposición ajena a sus responsabilidades dentro del Ayuntamiento.
Control y monitoreo a través de WhatsApp
Los funcionarios revelaron que, mediante un grupo oficial de WhatsApp, la alcaldesa difundió una lista detallada de quienes están al corriente y de quienes aún mantienen adeudos, insistiendo en que deben pagarlos a la brevedad.
Varios trabajadores afirmaron sentirse exhibidos y presionados por esta dinámica, que describen como “un método de control para obligarlos a cumplir”.
Incertidumbre laboral
Las constantes amenazas y exigencias, aseguran los denunciantes, han provocado un ambiente laboral tenso e incierto. Muchos temen no conservar su empleo el próximo año, pues consideran que las decisiones de la presidenta municipal responden más a presiones económicas y políticas que a criterios administrativos.
Hasta el momento, la alcaldesa Magda Ortíz Pizarro no ha emitido una postura pública respecto a estas acusaciones.
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