La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen relacionado con la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. La votación tuvo 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones. Los votos en contra provinieron de legisladores del PRI y PAN, mientras que las abstenciones fueron de integrantes de Movimiento Ciudadano. Este proyecto fue enviado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
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La discusión dentro de la comisión duró casi dos horas. En el debate participaron 12 oradores, seis a favor del dictamen y seis en contra. Tras el intercambio de ideas, se determinó que las reservas planteadas por los legisladores serán presentadas ante el Pleno. Con esto, se prevé que el documento sea remitido de inmediato a la Mesa Directiva, presidida por Kenia López Rabadán.
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Posteriormente, se convocaría a una reunión extraordinaria con la Junta de Coordinación Política. En dicha reunión se valorará si el tema se discute este mismo día en el Pleno. Originalmente, la discusión estaba prevista para el 4 de diciembre. Sin embargo, la aprobación en comisión abrió la posibilidad de adelantar el análisis legislativo.
Durante la sesión, los representantes de Morena, PT y Partido Verde señalaron que la iniciativa busca garantizar justicia hídrica para el país. El diputado del PT, José Luis Montalvo, mencionó que el tema llevaba más de una década en desacato constitucional. También recordó que México opera con una ley emitida en 1992, lo que hace necesaria una actualización profunda.
Destacó además que la propuesta prioriza el derecho humano al agua. Comentó que recientemente sostuvieron reuniones nocturnas con grupos de campesinos para escuchar sus inquietudes. Señaló que el dictamen contiene 124 artículos revisados a detalle. De ellos, 54 incorporan propuestas y observaciones de diversos sectores sociales, incluidos colectivos y comunidades afectadas.
Por otro lado, legisladores del PRI y PAN insistieron en detener el dictamen. Consideraron necesario abrir un diálogo más amplio con productores, industrias, gobiernos locales y especialistas. Argumentaron que la iniciativa original estaba alejada de la realidad y que, pese a las modificaciones, no resolvía aspectos esenciales. Señalaron preocupaciones relacionadas con la transmisión de derechos de agua, la reposición de pozos y la claridad en concesiones.
El diputado Paulo Gonzalo Martínez expresó que la nueva propuesta no garantiza certeza para las actividades agrícolas. Mencionó que la iniciativa incluye restricciones que afectan a productores del campo. Mientras tanto, el diputado priísta Humberto Ambriz Delgadillo advirtió que la concentración de facultades en la Federación podría generar inseguridad jurídica. Señaló que esto podría abrir espacio a decisiones poco claras sobre asignaciones y concesiones.
Con la aprobación en comisión, el dictamen avanza hacia su siguiente etapa legislativa. El Pleno determinará, en las próximas horas, si se discute de inmediato o en la fecha programada. El proceso continuará bajo los tiempos que establezca la Cámara de Diputados.
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