Este martes, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila ejecutó una orden de presentación para trasladar a la exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Tania Flores Guerra, a la ciudad de Saltillo, donde deberá comparecer ante un juez por los diversos casos que se investigan en su contra por presuntos malos manejos de recursos públicos durante su administración municipal.
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El traslado se realizó por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes abordaron a la exedil en el exterior del juzgado penal del distrito judicial de Sabinas, para posteriormente conducirla a la capital del estado. El acto fue transmitido en vivo por la propia Tania Flores, quien confirmó que arribaría a Saltillo acompañada de su abogado defensor, David Rangel.
La orden de presentación fue girada por un juez, como parte de las investigaciones abiertas por la Fiscalía Anticorrupción, relacionadas con presuntos desvíos y anomalías administrativas detectadas durante su gestión al frente del ayuntamiento del Pueblo Mágico de Múzquiz.
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Antecedente clave: ex tesorero municipal con brazalete electrónico
Este procedimiento judicial se da en el contexto de las acciones emprendidas contra exfuncionarios de la pasada administración municipal. Como antecedente, se recuerda que el ex tesorero municipal de Múzquiz, Víctor Manuel Hernández Obregón, quien también fungió como Secretario del Ayuntamiento durante la gestión de Tania Flores, compareció ante el juzgado penal de Sabinas por su presunta participación en los desvíos investigados.
Tras rendir su declaración ante la autoridad judicial, al ex tesorero le fue colocado un brazalete electrónico de localización, como medida cautelar para evitar una posible evasión de la justicia. Hernández Obregón fue auxiliado por un abogado de oficio y no contó con el respaldo de excompañeros de la administración, según se informó tras la audiencia.
De acuerdo con fuentes oficiales, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila mantiene abiertas investigaciones contra al menos seis exfuncionarios municipales, algunos de los cuales ya han sido requeridos por la autoridad y sobre quienes pesan órdenes judiciales vigentes.
Las autoridades estatales reiteraron que estos procedimientos forman parte del combate frontal a la corrupción y que no habrá impunidad, independientemente del cargo que hayan ocupado los involucrados.
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