El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impulsa la reclasificación de la mariguana dentro de la política federal antidrogas. La medida busca retirar al cannabis de la Lista I, donde se ubican sustancias consideradas de alto riesgo. En su lugar, pasaría a la Lista III, categoría que reconoce ciertos usos médicos. Este cambio acerca la postura federal a la adoptada por varios estados en años recientes.
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La reclasificación no implica la legalización del consumo recreativo en todo el país. Sin embargo, podría modificar la forma en que la sustancia es regulada a nivel federal. También permitiría reducir cargas fiscales que enfrentan empresas del sector. Autoridades señalaron que el ajuste facilitaría la investigación científica y médica sobre los posibles beneficios del cannabis para distintos tratamientos.
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Trump explicó que recibió numerosas solicitudes de ciudadanos y pacientes que respaldan la medida. Indicó que muchas personas consideran que el cambio ayudaría a quienes enfrentan padecimientos crónicos. El presidente sostuvo que el gobierno debe escuchar estas demandas y analizar alternativas con base en evidencia. Aun así, aclaró que la estrategia antidrogas seguirá siendo estricta frente a sustancias de alto impacto.
El proceso de reclasificación requiere una revisión técnica encabezada por la Agencia Antidrogas y un periodo de consulta pública. Este mecanismo ha generado decenas de miles de comentarios en todo el país. La orden ejecutiva podría acelerar el procedimiento, aunque no existe una fecha definida para su conclusión. Durante administraciones anteriores se propusieron cambios similares sin llegar a concretarse.
La iniciativa no cuenta con apoyo total dentro del Partido Republicano. Un grupo de senadores ha expresado su rechazo y pidió mantener la clasificación actual. Argumentan posibles riesgos para la salud y la seguridad pública. Mientras tanto, encuestas recientes muestran mayor respaldo ciudadano a enfoques menos restrictivos. La orden también plantea ampliar la investigación sobre el CBD y su acceso médico. El debate continuará en los ámbitos político, sanitario y regulatorio.
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