Con el objetivo de frenar el crecimiento de las tandas fraudulentas y los métodos de cobranza ilegal o intimidatoria que afectan a miles de familias, la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, conjuntamente con las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Alianza Coahuila” del Partido Revolucionario Institucional, presentó un Punto de Acuerdo para enviar un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila y a la Fiscalía General del Estado.
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El exhorto solicita fortalecer de manera coordinada las acciones de identificación, prevención, investigación y sanción de estos esquemas que operan al margen de la ley y que han generado pérdidas económicas, endeudamiento y un clima de temor entre la población.
Durante sus recorridos constantes por el Distrito 12, la legisladora ha escuchado de forma reiterada la preocupación y el temor de personas que han sido víctimas de las llamadas tandas o supuestos esquemas de ahorro.
Lejos de representar un apoyo financiero, estos mecanismos han derivado en fraudes, afectando directamente la estabilidad económica y emocional de numerosas familias.
Dávalos Elizondo advirtió que este problema ha ido en aumento, principalmente entre quienes no tienen acceso sencillo a servicios bancarios formales o buscan una solución inmediata ante una necesidad económica.
Estas tandas se presentan como una alternativa fácil, cercana y de confianza; sin embargo, en muchos casos terminan siendo un engaño que deja a las personas sin su dinero y sin posibilidades claras de recuperación.
En la práctica, muchos de estos esquemas operan como financieras irregulares, ofreciendo préstamos o supuestos rendimientos sin cumplir con los requisitos legales.
No están registrados ante la CONDUSEF, lo que significa que no cuentan con supervisión de ninguna autoridad y que las personas participantes quedan completamente desprotegidas frente a abusos o incumplimientos.
Aprovechando esta falta de regulación, se imponen intereses excesivos y condiciones desiguales, provocando un ciclo de endeudamiento constante.
Estas prácticas, además de afectar la economía familiar, pueden constituir delitos, ya que el cobro excesivo de intereses está sancionado por el Código Penal del Estado de Coahuila
Cuando las personas no pueden cumplir con los pagos, comienzan prácticas de cobranza ilegal, como amenazas, llamadas constantes, presión psicológica y la exhibición pública de datos personales.
Las consecuencias son graves y afectan la tranquilidad, la salud emocional y la estabilidad económica de las familias, siendo mujeres, personas adultas mayores y trabajadores del sector informal los más afectados.
Por ello, el Punto de Acuerdo busca que las autoridades estatales refuercen sus acciones para proteger a las víctimas, sancionar a los responsables y evitar que más familias caigan en estos esquemas fraudulentos
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