La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España determinó cerrar la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias. La decisión se tomó al considerar que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar los hechos señalados.
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Con esta resolución, el artista no será juzgado en España por los señalamientos incluidos en la querella. El Ministerio Público concluyó que carece de competencia legal para continuar con la investigación.
La denuncia fue presentada por dos mujeres que aseguraron haber vivido situaciones inapropiadas con el cantante según el expediente, los hechos señalados habrían ocurrido fuera del territorio español.
De acuerdo con la información disponible, los acontecimientos se habrían registrado en 2021 y los lugares mencionados fueron República Dominicana y Bahamas, países donde España no tiene jurisdicción directa; El cantante Julio Iglesias reside desde hace años en República Dominicana y a sus 82 años, se encuentra retirado de la actividad pública y musical.
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Desde el inicio del proceso, la defensa del artista argumentó que España no podía investigar el caso y su abogado sostuvo que los hechos no ocurrieron en territorio español ni afectan intereses nacionales a esto la Fiscalía coincidió con este planteamiento tras analizar el marco legal vigente y a su vez indicó que no se cumplen los requisitos necesarios para aplicar jurisdicción internacional.
En su resolución, el organismo explicó que no existe conexión territorial con España, además hasta el momento, no se han presentado denuncias formales ante la justicia de esos países, es por eso que este elemento también influyó en la decisión de archivar el expediente en España.
La Fiscalía recordó que la jurisdicción universal está limitada y sujeta a condiciones específicas. Según estos criterios, España no debe investigar hechos ocurridos en el extranjero y esto aplica cuando existen autoridades competentes con capacidad efectiva para hacerlo.
Con la decisión de la Fiscalía, el siguiente paso es el archivo definitivo por parte de la Audiencia Nacional. De confirmarse, el caso quedará cerrado en el ámbito judicial español.
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