Ante el riesgo de reaparición del sarampión en el país y las variaciones registradas en las coberturas de vacunación infantil, la diputada Zulmma Guerrero del Partido Unidad Democrática de Coahuila
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Presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila a fortalecer las acciones de prevención, vacunación y preparación institucional.
En su exposición, la legisladora recordó que México logró eliminar el sarampión como enfermedad endémica desde 2016 gracias al programa nacional de vacunació
Sin embargo, advirtió que en años recientes se han registrado casos importados y brotes localizados, lo que obliga a no bajar la guardia
“Cuando disminuyen las coberturas de vacunación o se relaja la vigilancia epidemiológica, los riesgos sanitarios aumentan de manera considerable”, señaló.
Datos oficiales de la Secretaría de Salud federal indican que la cobertura nacional con esquema completo de vacunación ha oscilado entre el 80 y el 90 por ciento, por debajo del nivel óptimo recomendado para evitar brotes.
Esta situación genera zonas de riesgo epidemiológico, particularmente en contextos escolares y comunitarios donde el contacto cercano facilita la transmisión del virus.
En el caso de Coahuila, Guerrero Cázarez reconoció que no existe actualmente un brote activo de sarampión
Sin embargo, subrayó que la prevención debe ser permanente
“Las campañas de vacunación continúan operando y el sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo,
pero también es cierto que, tras la pandemia, se presentaron fluctuaciones en la vacunación infantil”, expresó
La diputada alertó que la movilidad entre entidades, los esquemas incompletos de vacunación en algunos sectores y la falta de información preventiva en ciertas comunidades pueden generar condiciones propicias para la reaparición de enfermedades prevenibles.
“No podemos permitir retrocesos en los logros sanitarios alcanzados; la prevención no puede depender de reacciones tardías, sino de una anticipación responsable”, enfatizó
Guerrero Cázarez destacó que el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4° constitucional, no se limita a la atención médica, sino que incluye la prevención, la vacunación y la preparación institucional ante riesgos sanitarios.
“Garantizar la salud de la niñez y el bienestar colectivo exige mantener cobertura suficiente de biológicos, protocolos actualizados y acciones permanentes de información preventiva”, sostuvo.
Finalmente, la legisladora subrayó que la prevención del sarampión es también un acto de justicia social, ya que los efectos más graves recaen en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
“Fortalecer la vacunación y la vigilancia epidemiológica es proteger a quienes menos margen tienen frente a una enfermedad prevenible”, concluyó
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