México vive una crisis sanitaria creciente que va más allá de palabras diplomáticas y promesas de “ser como Dinamarca”. El país enfrenta un brote de sarampión con miles de casos confirmados y al menos 28 muertes, una enfermedad que estaba prácticamente controlada y que no se veía en gravedad similar en varias décadas. El rebrote refleja fallas profundas en la política de vacunación que, según expertos, abre brechas peligrosas en la inmunidad colectiva y pone en riesgo la salud de la población infantil y adulta. 
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Esta crisis sanitaria se superpone con las secuelas de la pandemia de COVID-19. En los primeros meses de 2020, autoridades federales minimizaron el impacto de la enfermedad, asegurando que no habría cifras catastróficas. Sin embargo, México terminó con decenas de miles de muertes oficiales y un exceso de mortalidad que lo colocó entre los más afectados del mundo, por encima de las estimaciones iniciales del propio gobierno. 
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Mientras otras naciones reforzaban la atención hospitalaria y garantizaban vacunas y tratamientos, México batallaba con logística, falta de insumos y decisiones erráticas. La ausencia de apoyos adecuados, la falta de medicinas en varios estados y las protestas de padres cuyos hijos con cáncer quedaron sin tratamientos completos son parte de un patrón que se ha repetido a lo largo y ancho de la república. En múltiples entidades, desde el norte hasta el sur, los reclamos por medicamentos oncológicos y básicos se han multiplicado, con manifestaciones frente a hospitales y sedes de salud pública, denunciando desabasto constante.
El cambio del Seguro Popular, que durante años dio cobertura básica a millones de mexicanos, por el INSABI fue anunciado como una renovación del sistema de salud. En la práctica, lo que siguió fueron quejas por falta de medicamentos, citas perdidas y desorganización institucional, sin consolidar la promesa de atención universal eficiente. Incluso ese modelo ha sido reformado de nuevo bajo la estructura del IMSS Bienestar, pero los problemas persisten y las quejas sociales no se han detenido. 
Además del sarampión, fenómenos como la reaparición del gusano barrenador del ganado muestran que la falta de atención y fallas en sistemas de vigilancia sanitaria no solo afectan a humanos, sino que también minan la salud animal y la seguridad alimentaria, señal de un sistema que adolece de prevención y control efectivo. 
Hoy, millones de mexicanos ven cómo enfermedades prevenibles resurgen y cómo el acceso a medicinas básicas queda comprometido. Los reclamos, lejos de disminuir, se multiplican en redes sociales, plazas públicas y hospitales. La salud pública, que debería ser un pilar del Estado, aparece debilitada, fragmentada y lejos de las promesas iniciales.
En un país donde la prevención y la logística sanitaria importan tanto como la respuesta en crisis, los resultados de la política de salud de la 4T dejan un saldo preocupante: menos vacunas completas, brotes reemergentes y una ciudadanía que exige respuestas claras, compromisos firmes y acciones reales para recuperar la confianza perdida.
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