Ante el avance de la reforma laboral que plantea la reducción gradual de la jornada a 40 horas semanales, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, señaló que el estado se prepara desde una visión institucional y de coordinación con los sectores productivos, aunque advirtió que aún existen aspectos que deben analizarse con cautela.
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Morales explicó que recientemente participó en el Consejo Tripartita del Trabajo, donde convergen empresas, sindicatos y Gobierno del Estado, y donde ya se anticipan los retos que traerá esta modificación.
“Se llegó al consenso de que una vez que salga publicada o aprobada la ley, porque ha tenido muchísimos cambios, tendremos que trabajar en mecanismos y calendarios claros para que los trabajadores conozcan sus derechos”, expresó
Destacó que en Coahuila existe un pacto laboral impulsado por el gobernador que ha permitido mantener estabilidad y diálogo permanente entre los sectores, lo que facilitará la implementación cuando la reforma quede firme.
“Aquí hay mucha comunicación con sindicatos, empresas y gobierno, entonces yo creo que no habría problema en cuanto a la implementación, pero sí hay muchos retos que analizar”, subrayó.
La legisladora puntualizó que, aunque la reducción de horas puede representar un beneficio para las y los trabajadores, también se han identificado posibles efectos secundarios que aún no están claros en el dictamen final.
“Se hablaba de que es en beneficio de los trabajadores el menos horas, pero también por otra parte se comenta que podría haber limitaciones en el pago de horas extras o cambios en la forma en que se remuneran”, advirtió
En ese sentido, Morales insistió en que no se puede emitir un posicionamiento definitivo hasta conocer la versión final de la reforma.
“No me atrevo ahorita a dar un criterio, porque todavía le están moviendo; hasta tener los dictámenes finales podremos conocer el impacto real que va a tener”, afirmó.
Señaló además que esta reforma contempla una implementación paulatina que podría extenderse hasta cuatro años, lo que obliga a una planeación estratégica tanto para el sector productivo como para el legislativo local
“Es una reforma que se va a trabajar en los siguientes años, y debemos garantizar certeza jurídica y laboral”, indicó.
Finalmente, Morales sostuvo que si bien el discurso federal habla de fortalecer derechos laborales, es indispensable revisar los posibles claroscuros.
“Habrá una parte muy buena, pero otra parte podría estar endeble. Hasta no conocer cómo va a quedar la ley, podremos valorar con responsabilidad sus beneficios y riesgos”, concluyó
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