Más de 900 ciudadanos en la Región Centro de Coahuila resultaron afectados tras el cierre del decreto para la regularización de vehículos, perdiendo fuertes sumas de dinero entregadas a intermediarios. José Alanís Rivera, coordinador regional de la Unión Campesina Democrática (UCD), confirmó que muchos propietarios pagaron hasta 13 mil pesos por un trámite que oficialmente cuesta solo 2 mil 500 pesos.
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El representante explicó que, al concluir el decreto federal el pasado 31 de diciembre, numerosos trámites de regularización de vehículos quedaron inconclusos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta situación deja en la incertidumbre a quienes no lograron obtener su documentación oficial a tiempo.
Impacto por la suspensión de la regularización de vehículos
Alanís Rivera advirtió que existe una diferencia crítica entre los afectados. Aquellos que realizaron el pago oficial de 2 mil 500 pesos directamente a las cuentas de la federación podrían recuperar su inversión o concretar el proceso si el programa se reactiva. Sin embargo, quienes recurrieron al ‘coyotaje’ difícilmente recuperarán su dinero.
El dirigente señaló que no existe un mecanismo legal claro para denunciar estos cobros excesivos, ya que el pago a gestores irregulares no constituye un delito tipificado fácilmente perseguible ante el Ministerio Público. La falta de transparencia en estos servicios externos ha dejado desprotegidos a cientos de dueños de unidades de procedencia extranjera.
Desmienten operativos de decomiso en Coahuila
Ante la incertidumbre por el fin de la regularización de vehículos, en redes sociales han circulado versiones sobre presuntos operativos de decomiso por parte de autoridades estatales y municipales. Al respecto, la UCD aclaró que no existe información oficial por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ni de la Policía Fiscal que confirme estas acciones en Coahuila.
El coordinador regional pidió a la población no caer en psicosis ni dejarse engañar por publicaciones alarmistas. Reiteró que, históricamente, las autoridades fiscales no anuncian sus operativos con antelación, por lo que instó a los ciudadanos a informarse únicamente a través de medios de comunicación formales y fuentes gubernamentales.
Finalmente, la organización aseguró que, de presentarse acciones contra el patrimonio de las familias, intervendrán a nivel nacional para defender la permanencia de la regularización de vehículos como una medida de seguridad y certeza jurídica para los propietarios en el estado.