El ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue vinculado a proceso por presuntos delitos relacionados con la administración pública. Entre ellos se mencionan peculado, abuso de autoridad y uso indebido de funciones.
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La investigación está vinculada a un contrato firmado con la empresa Next Energy. Este acuerdo contemplaba la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali. Sin embargo, el proyecto no se concretó.
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De acuerdo con la Fiscalía estatal, el contrato establecía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años. Además, incluía un pago inicial de aproximadamente mil 300 millones de pesos por parte del gobierno estatal.
Tras darse a conocer la decisión judicial, el exmandatario declaró que el resultado no le sorprendía. Señaló que el proceso era previsible y pidió evitar conflictos con la actual administración estatal.
Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, respondió a estas declaraciones. Afirmó que el caso no tiene motivaciones políticas y que responde a un proceso legal. También destacó que la investigación busca proteger los recursos públicos.
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