El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, fijó una postura firme ante la exposición mediática de un caso judicial en Saltillo, al advertir que la justicia no se construye en redes sociales ni a través de presiones públicas, sino con base en pruebas y dentro del debido proceso.
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Lo anterior se da en el contexto de la imputación de Karina “N”, quien enfrenta cargos por violencia psicológica y ocultamiento de menor, dentro de la causa penal 2018/2025, luego de una audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal.
El caso, que había sido difundido en redes sociales como violencia vicaria, fue aclarado por la autoridad judicial al precisar que los delitos corresponden a otra tipificación legal.
El magistrado explicó que el proceso continúa tras la solicitud de duplicidad del término constitucional por parte de la defensa, por lo que la próxima audiencia se llevará a cabo el lunes 30 de marzo a las 12 del día, donde se definirá la situación jurídica de la imputada
Durante su posicionamiento, Mery Ayup criticó que abogados y partes involucradas utilicen los medios de comunicación para intentar influir en las resoluciones judiciales.
“No litigamos en medios ni emitimos justicia en redes sociales. Las resoluciones se toman con base en las evidencias que presentan tanto el Ministerio Público como la defensa”, enfatizó.
Asimismo, advirtió que realizar señalamientos falsos o sin sustento puede constituir un delito, por lo que hizo un llamado a actuar con responsabilidad y evitar desinformación.
El magistrado también pidió a familiares y personas externas al proceso abstenerse de ejercer presión mediante mensajes o pronunciamientos públicos, reiterando que el Poder Judicial actúa con independencia, autonomía e imparcialidad
En cuanto a las medidas dictadas por la autoridad judicial, la jueza determinó aplicar perspectiva de género y fijó como medidas cautelares el uso de brazalete electrónico y resguardo domiciliario para la imputada. Además, se le apercibió para que evite emitir declaraciones públicas que impliquen señalamientos hacia su expareja, en tanto se resuelve el caso.
Mery Ayup señaló que la exposición mediática de los procesos puede incluso obstaculizar mecanismos de mediación entre las partes, al generar mayor confrontación.
“Las acciones de algunos abogados solo provocan más conflicto y alargan los procesos, lo que también representa un costo para la justicia que paga la ciudadanía”, expresó
Finalmente, subrayó que el enfoque principal del caso es la protección de un menor de edad, quien actualmente se encuentra bajo resguardo institucional, por lo que todas las decisiones están orientadas a garantizar su bienestar.
El magistrado reiteró que en Coahuila la justicia se imparte con apego a la ley, priorizando el interés superior de la niñez y evitando cualquier tipo de presión externa en los procesos judiciales
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