La diputada Magaly Hernández presentó un Punto de Acuerdo en el Congreso de Coahuila para exigir acciones urgentes que fortalezcan la seguridad en las comunidades escolares, ante el incremento sostenido de la violencia que afecta a docentes, estudiantes y personal educativo.
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El exhorto está dirigido a la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de que implemente una evaluación integral de riesgos en los planteles educativos, enfocada en prevenir agresiones y garantizar entornos seguros para el desarrollo académico.
Asimismo, la legisladora propuso impulsar estrategias de concientización dirigidas a estudiantes y familias, con el fin de revalorizar la labor docente y promover una cultura de paz en las escuelas.
Magaly Hernández advirtió que las cifras reflejan una problemática creciente. En los últimos años, las hospitalizaciones derivadas de agresiones en centros escolares han superado los mil 50 casos, mientras que entre 2021 y 2025 se han registrado más de 160 ataques con arma blanca en planteles educativos.
Además, señaló que desde 2024 se ha identificado que hasta 4 de cada 10 docentes han sufrido algún tipo de violencia por parte de alumnos o incluso de sus propios familiares, lo que evidencia un deterioro en la convivencia escolar.
“Enseñar se ha vuelto más difícil porque el entorno es cada vez más tenso e irrespetuoso”, expuso.
La diputada explicó que situaciones cotidianas como llamar la atención a un estudiante o asignar una calificación baja pueden detonar amenazas, acusaciones falsas o confrontaciones dentro y fuera del aula, lo que ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una constante.
En ese contexto, hizo un llamado a retomar el análisis y dictaminación de la iniciativa de Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Coahuila, la cual fue presentada hace casi un año y continúa sin avances
Subrayó que la falta de este marco legal mantiene en estado de vulnerabilidad a los docentes, quienes carecen de herramientas jurídicas suficientes para enfrentar situaciones de violencia.
Hernández recordó casos recientes que reflejan la gravedad del problema, como el del maestro Héctor Alejandro, quien fue agredido y resultó gravemente herido, así como el de una maestra que fue atacada con arma blanca dentro de su aula.
“Estos casos no pueden seguir tratándose como hechos aislados ni quedar sin respuesta”, enfatizó.
La legisladora insistió en que no se debe esperar a que ocurra una tragedia mayor para actuar, ya que cada día sin avances representa un riesgo para quienes integran el sistema educativo.
Finalmente, destacó que garantizar entornos escolares seguros no es opcional, sino una condición indispensable para el ejercicio pleno del derecho a la educación.
“Proteger a las maestras y maestros es proteger el presente y el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes”, concluyó
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