La diputada local Edith Hernández presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a implementar campañas informativas que alerten a la población sobre prácticas de cobranza abusiva e ilegal por parte de despachos vinculados a entidades financieras y empresas comerciales.
La legisladora advirtió que, de manera constante, ciudadanos reciben documentos falsificados que simulan notificaciones judiciales, con frases alarmantes como “embargo en 48 horas” o “cárcel por no pagar”, las cuales buscan intimidar y generar miedo en las personas con algún adeudo.
Señaló que estos escritos suelen incluir supuestos fundamentos legales inexistentes, sellos apócrifos y lenguaje técnico manipulado para aparentar legitimidad, cuando en realidad constituyen prácticas ilegales que vulneran los derechos de los usuarios
“Lo que buscan es presionar mediante el miedo para obligar a pagar, pero estas acciones no solo son indebidas, en muchos casos son delitos”, enfatizó.
Hernández reconoció que los acreedores tienen el derecho de cobrar sus deudas, incluso mediante mecanismos extrajudiciales; sin embargo, subrayó que estos deben realizarse dentro del marco legal, respetando los derechos humanos y evitando cualquier forma de intimidación o engaño.
Uno de los problemas más graves, indicó, es que estos despachos no solo contactan al deudor, sino también a familiares, vecinos o terceros que no tienen relación directa con la deuda, generando angustia y confusión, especialmente en adultos mayores.
Asimismo, denunció que muchas veces se intenta cobrar deudas ya prescritas, aprovechando el desconocimiento de las personas sobre sus derechos legales.
Además de los documentos falsos, también se han identificado llamadas telefónicas en las que se amenaza con acciones legales inexistentes, reforzando un esquema de presión psicológica que afecta la tranquilidad de las familias.
La diputada recordó que el Código Penal Federal establece sanciones de uno a cuatro años de prisión y multas económicas a quienes incurran en prácticas de cobranza extrajudicial ilegal, lo que demuestra la gravedad de estas conductas.
Ante este panorama, el exhorto busca que CONDUSEF y PROFECO refuercen la difusión de información clara, accesible y oportuna para que la ciudadanía pueda identificar estos abusos y conozca los mecanismos de defensa disponibles.
“El objetivo es empoderar a la gente, que sepan que no están solos y que existen instituciones que pueden respaldarlos ante estas prácticas”, afirmó.
Finalmente, Hernández destacó que la cobranza ilegal no solo afecta la economía, sino también la paz y estabilidad emocional de las familias, por lo que consideró urgente actuar desde la prevención.
“Defender a los ciudadanos de estos abusos es proteger su tranquilidad, su dignidad y su patrimonio”, concluyó
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