La Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable del Congreso de Coahuila aprobó un dictamen para reformar el artículo 76 de la Ley de Asentamientos Humanos, con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos y evitar construcciones en zonas peligrosas.
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La iniciativa, presentada por la diputada Lupita Oyervides y respaldada por los grupos parlamentarios de la Alianza Coahuila, busca colocar la seguridad de las personas como eje central del desarrollo urbano en el estado.
El dictamen parte de una realidad preocupante: los fenómenos naturales como inundaciones, deslaves, hundimientos y fallas geológicas continúan afectando diversas regiones del país, mientras que una gran parte de los municipios carece de herramientas actualizadas para prevenir estos riesgos.
De acuerdo con datos citados en el documento, alrededor del 85% de los municipios en México no cuentan con atlas de riesgo actualizados, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población ante posibles desastres.
En Coahuila, la situación no es menor. Entre 2013 y 2023 se han registrado al menos 250 declaratorias de emergencia por eventos como lluvias intensas, sequías, incendios forestales, heladas y otros fenómenos que han impactado directamente a comunidades y su infraestructura.
Ante este panorama, la reforma establece cambios clave. Uno de ellos es la incorporación del término “vigentes” en los atlas de riesgo, lo que obliga a que cualquier autorización de construcción o uso de suelo se base en información actualizada y confiable.
Además, se prohíbe otorgar permisos para proyectos, obras o desarrollos en zonas clasificadas como de alto riesgo cuando no se cuente con los estudios de prevención correspondientes
El dictamen también es claro en otro punto fundamental: en las zonas consideradas de “riesgo grave” no se permitirá la construcción de vivienda, infraestructura estratégica ni equipamiento, cerrando la posibilidad de asentamientos en áreas que representen un peligro para la población.
Estas medidas buscan evitar tragedias derivadas de decisiones urbanas mal planificadas, así como reducir la exposición de las familias a fenómenos naturales que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio.
Asimismo, la reforma brinda mayor claridad jurídica a las autoridades municipales y estatales, permitiéndoles negar autorizaciones que no cumplan con los requisitos de seguridad, fortaleciendo así la planeación territorial.
El objetivo es avanzar hacia un modelo de desarrollo urbano más ordenado, responsable y preventivo, donde el crecimiento de las ciudades esté basado en criterios técnicos y en la protección de la ciudadanía.
Finalmente, las y los legisladores coincidieron en que esta reforma es necesaria para anticipar riesgos y garantizar que el desarrollo urbano en Coahuila se realice con enfoque en la seguridad y el bienestar de la población
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