Después de una jornada extensa de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el llamado Plan B de la reforma electoral. Con esta decisión, el proyecto fue turnado a los congresos estatales para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
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La votación en lo general obtuvo respaldo mayoritario con el apoyo de distintas fuerzas políticas, mientras que otros partidos expresaron su rechazo. Posteriormente, la votación en lo particular también fue aprobada, aunque con variaciones en las posturas de algunos grupos parlamentarios.
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Durante el análisis de reservas, se registraron cambios en el sentido del voto de ciertos legisladores. Este ajuste reflejó el debate interno y las distintas opiniones sobre el contenido de la reforma. A lo largo de la sesión, se presentaron argumentos tanto a favor como en contra del dictamen.
El proyecto plantea medidas orientadas a la reducción de costos en instituciones públicas. Entre los puntos principales se encuentran ajustes en presupuestos de congresos locales y limitaciones salariales para funcionarios electorales. También se propone que sus ingresos no superen el de la titular del Ejecutivo federal.
Asimismo, la iniciativa contempla cambios en la integración de ayuntamientos, estableciendo criterios de representación y equilibrio. Otro aspecto relevante es la reducción progresiva del presupuesto del Senado en los próximos años.
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