La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalida permisos estatales para la movilización y exportación de ganado, derivada de un caso ocurrido en Nayarit, ha encendido las alertas en el sector productivo de Coahuila. Las autoridades estatales advierten que, aunque la normativa local sigue vigente, este precedente judicial impacta la seguridad sanitaria y el control del mercado de exportación.
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El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, señaló que el fallo —que declara disposiciones inconstitucionales por invadir competencias federales— podría incentivar el uso de amparos por parte de productores o transportistas para evadir las guías de movilización. «Quien no quiera seguir las guías tendrá una vía jurídica para obtener un amparo, pero irá en contra del propio sector, porque al hacer más laxas las restricciones, será más sencillo que pueda haber robo de ganado moviéndose sin control», subrayó el funcionario.
Montemayor Garza enfatizó que uno de los mayores perjuicios se reflejaría en la sanidad animal y la seguridad patrimonial de los ganaderos, pilares que Coahuila ha fortalecido durante años para mantener sus estándares internacionales. Aunque la legislación ganadera estatal mantiene plena vigencia, la puerta abierta a impugnaciones legales pone en riesgo la trazabilidad y el seguimiento sanitario necesario para el comercio exterior.
Ante este panorama, el secretario adelantó que en las próximas semanas sostendrá reuniones estratégicas con la Unión Ganadera de Coahuila, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y autoridades federales como el SENASICA. El objetivo será analizar a fondo los alcances de esta resolución y definir una postura conjunta que proteja la integridad del sector agropecuario en la entidad.
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