Alertan por oficinas piratas UCD en Frontera: Cometen fraudes con placas y regularización

La Unión Campesina Democrática (UCD) encendió las alertas en el municipio de Frontera tras detectar la operación de oficinas piratas UCD. Estas oficinas, haciéndose pasar por parte de la organización, ofrecen servicios fraudulentos de regularización de vehículos. Además, ofrecen expedición de placas sin validez oficial.

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De acuerdo con la dirigencia local, estos espacios irregulares utilizan las siglas y el nombre de la organización para generar confianza entre propietarios de vehículos de procedencia extranjera. Sin embargo, los trámites que ofrecen estas oficinas piratas UCD carecen de sustento legal. Además, podrían derivar en graves sanciones para los ciudadanos.

Riesgos de realizar trámites en oficinas piratas UCD

José Alanis, presidente de la organización en Frontera, advirtió que estas personas lucran con la necesidad de la gente. Entregan documentos apócrifos. El dirigente explicó que las placas otorgadas no están registradas ante ninguna autoridad estatal ni federal. Por lo tanto, esto mantiene a los vehículos en condición irregular pese al pago realizado.

Esta situación representa un riesgo legal inminente. Según información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los procesos de regularización deben realizarse únicamente a través de canales oficiales. Así se evita el decomiso de unidades o multas por portar documentación falsa.

Cómo identificar el fraude en la regularización vehicular

El líder local señaló que la organización ya recaba información sobre estos establecimientos para dar parte a las autoridades correspondientes. Reiteró que las oficinas piratas UCD no cuentan con autorización para emitir engomados ni gestionar procesos ante el REPUVE.

“Es importante que la gente no se deje sorprender. Antes de realizar cualquier trámite, deben verificar que acuden a módulos debidamente identificados”, enfatizó Alanis. La organización exhortó a las víctimas de estas oficinas piratas UCD a interponer denuncias formales. Así podrían frenar estas prácticas que dañan la economía familiar en la región.

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