La diputada local del PRI, Luz Elena Morales Núñez, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a modificar la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, al advertir que pone en riesgo los ahorros para el retiro de millones de trabajadores mexicanos.
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La legisladora expresó su preocupación por la reciente aprobación de esta ley en el Senado, la cual permite que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) destinen hasta el 30 por ciento de los recursos que administran a proyectos de infraestructura y obras públicas mediante esquemas de participación público-privada-social.
Señaló que esta disposición podría exponer el patrimonio de los trabajadores a inversiones de alto riesgo, al vincular sus ahorros con proyectos gubernamentales que históricamente han presentado sobrecostos, fallas de planeación o baja rentabilidad.
“El patrimonio de las y los trabajadores no puede convertirse en la caja chica para financiar proyectos de viabilidad incierta”, sostuvo.
Morales Núñez recordó que las AFORES tienen como finalidad exclusiva proteger y hacer crecer los recursos de los trabajadores a través de cuentas individuales, con el objetivo de garantizar una pensión digna al concluir su vida laboral.
En ese sentido, enfatizó que estos fondos no deben utilizarse como instrumentos de financiamiento gubernamental, ya que se trata de recursos privados construidos durante años de trabajo.
La diputada advirtió que, en caso de que los proyectos de infraestructura no generen los rendimientos esperados, serán los propios trabajadores quienes absorban las pérdidas, lo que impactaría directamente en sus pensiones.
“El riesgo no es menor, estamos hablando del futuro financiero de millones de familias”, subrayó.
Asimismo, cuestionó que, aunque la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) mantenga la supervisión de estos fondos, el hecho de dirigir legalmente una parte de los recursos hacia el sector público compromete la diversificación de las inversiones.
Morales Núñez insistió en que el ahorro para el retiro debe manejarse bajo criterios estrictos de seguridad, estabilidad y rentabilidad, alejados de decisiones políticas o necesidades presupuestales.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la Unión para revisar y ajustar esta legislación, con el fin de garantizar la protección absoluta de los recursos de los trabajadores.
“El ahorro para la vejez exige certeza, no riesgos innecesarios”, concluyó.
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