El gobierno de Estados Unidos decidió ajustar las sanciones impuestas a Venezuela para permitir el pago de honorarios legales en un proceso judicial en curso. Esta medida autoriza que el gobierno venezolano cubra los costos de defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores bajo condiciones específicas.
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La decisión fue formalizada mediante un documento judicial en el que se indica que las licencias modificadas permiten transferencias destinadas a los abogados. Estas operaciones deben realizarse con recursos disponibles del gobierno venezolano y cumplir con los lineamientos establecidos por las autoridades estadounidenses.
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El caso se desarrolla en un tribunal federal en Nueva York, donde ambos acusados enfrentan cargos relacionados con delitos federales. Los implicados se han declarado inocentes y permanecen bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.
Anteriormente, las sanciones impedían que Venezuela cubriera estos gastos, lo que generó cuestionamientos por parte de la defensa. Los abogados argumentaron que esta restricción afectaba el derecho de los acusados a elegir representación legal adecuada.
Durante audiencias previas, el juez encargado del caso expresó dudas sobre la continuidad de dichas limitaciones. Señaló la importancia de garantizar el acceso a la defensa como un derecho fundamental dentro del sistema judicial estadounidense.
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