El diputado Felipe González presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a reforzar la vigilancia sobre los precios de los productos de la canasta básica, ante el incremento sostenido que ha impactado directamente la economía de las familias, particularmente en Coahuila.
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El legislador advirtió que en los últimos meses diversos sectores han manifestado preocupación por el encarecimiento de alimentos esenciales como granos, lácteos, carnes, aceites, frutas y verduras, cuyos aumentos —señaló— no siempre corresponden a variaciones reales en los costos de producción o distribución.
“Se busca evitar aumentos injustificados por parte de establecimientos y proveedores que afectan directamente la economía de las familias”, establece el exhorto
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una persona en zona urbana requiere aproximadamente 4 mil 940 pesos mensuales para cubrir la canasta básica, mientras que en áreas rurales el monto asciende a 3 mil 553 pesos. Estas cifras reflejan un incremento por encima de la inflación reportada a nivel nacional.
El documento señala que en zonas rurales el aumento ha sido de 6.1 por ciento y en zonas urbanas de 5.6 por ciento, superando incluso la inflación general de marzo en México, que se ubicó en 4.6 por ciento.
El diputado destacó que esta situación genera distorsiones en el mercado cuando no existe una supervisión adecuada, afectando principalmente a los sectores de menores ingresos, quienes destinan una mayor proporción de sus recursos a la compra de alimentos.
En el caso de Coahuila, subrayó que la condición fronteriza y la dinámica económica incrementan la presión sobre los precios, lo que hace aún más urgente la intervención de las autoridades.
“Cuando estas prácticas no son debidamente vigiladas, afectan de manera directa a las familias de menores ingresos”, advirtió.
El exhorto plantea que la PROFECO intensifique sus acciones de monitoreo, verificación y supervisión en establecimientos comerciales, con el objetivo de garantizar que los productos se comercialicen a precios justos y transparentes.
Asimismo, se busca promover la competencia leal entre proveedores y evitar que integrantes de la cadena de suministro se aprovechen de la necesidad de la población.
El legislador subrayó que la protección al consumidor no solo es una obligación legal, sino una responsabilidad social que requiere la coordinación entre autoridades y sectores comerciales.
Finalmente, indicó que fortalecer la vigilancia contribuirá a inhibir abusos, brindar información oportuna a los consumidores y proteger la economía familiar en un contexto de inflación y encarecimiento de bienes básicos
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