El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una ofensiva legal para ejecutar un decomiso de bienes en Sinaloa. Esta medida afecta al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios.
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La estrategia del Distrito Sur de Nueva York busca desmantelar la estructura financiera de quienes presuntamente colaboraron con el narcotráfico. Según documentos oficiales, las autoridades estadounidenses no solo buscan penas de prisión, sino la incautación total de activos obtenidos de forma ilícita.
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El Gran Jurado determinó que los acusados deben entregar todas las ganancias derivadas de la importación de narcóticos. Esta orden de decomisos incluye propiedades, cuentas bancarias y cualquier activo que haya facilitado el tráfico de fentanilo y cocaína.
Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el exsecretario Enrique Díaz Vega. También se incluye al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra en la lista de bienes sujetos a confiscación por parte del gobierno norteamericano.
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