El diputado Jorge Arturo Valdés Flores presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a investigar la legalidad de los ejemplares que se encuentran en el zoológico “El Ranchito Safari”, ubicado en el municipio de Arteaga, Coahuila.
Publicidad NRT
La propuesta surge tras detectarse que este establecimiento no cuenta con los permisos necesarios para operar como zoológico ni como unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, lo que lo coloca fuera del marco legal. De acuerdo con la información expuesta, el lugar alberga fauna silvestre y exótica, como leones, tigres y lobos, sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad federal.
Ante esta situación, el legislador solicitó que el propietario del inmueble informe y justifique la procedencia legal de los animales. En caso de no acreditar la legítima adquisición, se plantea dar vista a la Fiscalía General de la República para que inicie las investigaciones correspondientes y se apliquen las sanciones conforme a la le
“El objetivo es garantizar que estos ejemplares no provengan de actividades ilegales y que se proteja su bienestar”, se desprende del exhorto.
Asimismo, se pidió al Ayuntamiento de Arteaga que, en el ámbito de sus atribuciones, verifique los permisos y licencias del establecimiento, y en caso de irregularidades, actúe conforme a la legislación vigente.
Valdés Flores destacó que, al tratarse de vida silvestre, la regulación corresponde a instancias federales, por lo que será la PROFEPA quien determine el aseguramiento de los animales, su posible reubicación en espacios adecuados y las sanciones que correspondan.
El legislador también reconoció la intervención de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, que ya realizó una inspección en el lugar para verificar las condiciones de los ejemplares y detectar posibles signos de maltrato.
Como resultado de esta revisión, se inició un procedimiento administrativo con el fin de establecer medidas correctivas y sanciones en caso de confirmarse irregularidades.
El punto de acuerdo subraya la necesidad de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender este tipo de situaciones, donde se involucran tanto temas ambientales como legales.
En ese sentido, se plantea que la autoridad federal determine el destino de los animales, mientras que el gobierno estatal brinde apoyo técnico a través de especialistas, y el municipio garantice el cumplimiento de las normas locales.
Finalmente, el diputado enfatizó que este caso no solo implica un tema de legalidad, sino también de protección animal, por lo que es fundamental actuar con responsabilidad para salvaguardar la integridad de las especies y evitar que continúen prácticas fuera de la ley.
NRT MÉXICO COBERTURA TOTAL 360*