La acusación es brutal y sin rodeos: Morena se asoció con el crimen organizado. Así lo afirmó Romero, en un señalamiento que no solo sacude al partido en el poder, sino que vuelve a poner bajo sospecha la forma en que se ha ejercido el gobierno en México.
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No se trata de una crítica menor ni de un discurso político más. Es una denuncia que apunta a lo más delicado: la posible colusión entre poder político y estructuras criminales. En un país marcado por la violencia, donde el control territorial del crimen ha crecido en distintas regiones, el señalamiento cobra una dimensión alarmante.
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Durante años, la narrativa oficial ha intentado justificar la falta de resultados en seguridad bajo el argumento de una estrategia distinta. Sin embargo, lo que hoy se acusa va más allá de la ineficacia: plantea la existencia de una relación permisiva e incluso funcional entre Morena y grupos delictivos, lo que explicaría el deterioro sostenido en materia de seguridad.
Las consecuencias políticas son inevitables. Este tipo de acusaciones golpean directamente la credibilidad del partido gobernante y alimentan la percepción de que el país no solo enfrenta un problema de inseguridad, sino una crisis de Estado donde el crimen organizado habría dejado de ser enemigo para convertirse en factor de poder.
En cualquier democracia, un señalamiento de este calibre obligaría a una investigación inmediata y a una respuesta contundente. En México, sin embargo, la constante ha sido el silencio, la evasión y la descalificación de quienes cuestionan.
Hoy, la pregunta ya no es si la estrategia falló. La pregunta es mucho más grave: ¿hasta dónde llegó la relación entre Morena y el crimen organizado?
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