Luego de la muerte violenta de un interno al interior del centro de rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor”, ubicado en la colonia Oscar Flores Tapia de Monclova, el caso volvió a colocar en el centro del debate la realidad que viven muchos anexos: espacios que para algunas familias representan una esperanza para rescatar a sus seres queridos de las adicciones, pero que también enfrentan señalamientos por presuntos abusos, costos elevados y falta de supervisión.
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El lugar permanecía este miércoles clausurado y acordonado con cintas amarillas en puertas y accesos, mientras continúan las investigaciones por la muerte de un hombre de 41 años que tenía apenas dos días de haber ingresado.
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En las paredes del inmueble aún permanecen visibles mensajes sobre el dolor de las adicciones, la negación del consumo y el sufrimiento de las familias, además de los números de permiso de operación y horarios de atención.
De acuerdo con testimonios de familiares, mantener a un interno dentro del lugar representaba un gasto importante.
“Son mil 500 pesos por semana. Aparte el traslado, las pertenencias nuevas, comida y todo lo que ellos piden”, relató una familiar, quien aseguró que pese al esfuerzo económico, las familias buscan que sus seres queridos estén seguros y reciban ayuda.
La mujer señaló que incluso habían solicitado retirar a su familiar días antes, pero les informaron que debían cumplir un periodo mínimo de seis meses o pagar una multa de 6 mil pesos.
“Uno hace el esfuerzo porque quiere verlos bien, resguardados y rehabilitados, pero resulta que ahora salen muchos comentarios de malos tratos”, expresó.
Además, aseguró que las familias no fueron notificadas de inmediato sobre lo ocurrido y se enteraron inicialmente a través de redes sociales y mensajes enviados por WhatsApp.
“Nos mandaron un mensaje para que pasáramos por el interno a la brevedad, pero los hechos habían pasado desde la madrugada”, comentó.
Sin embargo, entre los testimonios también surgieron voces que defendieron el trato dentro del anexo.
Julián Alfredo Carreón, quien permaneció tres meses en el lugar, aseguró que durante su estancia nunca observó violencia.
“Yo estaba dormido, no supe qué pasó. A mí siempre me trataron bien”, declaró al salir del inmueble tras la evacuación realizada por autoridades.
El caso ha generado opiniones divididas entre familiares e internos, pues mientras algunos señalan posibles agresiones y malos tratos, otros aseguran que el centro les brindó apoyo en su proceso de rehabilitación.
Hasta el momento, cuatro personas permanecen detenidas por estos hechos, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación.
Por su parte, el anexo y su pastor, Valentín Bustos, no han emitido ninguna postura pública tras lo ocurrido.
Mientras las investigaciones continúan y el inmueble permanece clausurado, las frases pintadas en sus paredes siguen visibles: mensajes sobre la lucha contra las adicciones, el dolor de las familias y la posibilidad de volver a empezar.
Porque detrás de los anexos hay historias reales de desesperación, esperanza, recaídas, familias quebradas… y también personas que sí logran salir adelante.
Porque más allá de la polémica y de los hechos que hoy son investigados por las autoridades, el caso también vuelve a recordar la necesidad de espacios seguros, supervisados y verdaderamente humanos para quienes buscan salir del consumo y reconstruir su vida.
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