Documentos judiciales difundidos recientemente en Estados Unidos revelaron nuevas acusaciones relacionadas con presuntos vínculos entre integrantes del crimen organizado y diversos funcionarios de Sinaloa. La investigación federal menciona pagos periódicos a servidores públicos para obtener protección e información estratégica.
Entre las personas señaladas en el expediente aparece el gobernador Rubén Rocha Moya. Además, se menciona a otros servidores y exfuncionarios ligados a instituciones de seguridad y procuración de justicia. De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las autoridades norteamericanas sostienen que algunos acuerdos de corrupción comenzaron desde el año 2021.
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Las investigaciones indican que varios funcionarios de Sinaloa habrían recibido pagos mensuales para brindar apoyo operativo a grupos delictivos. Según el documento, el objetivo inicial habría sido favorecer proyectos políticos y, posteriormente, facilitar actividades ilícitas mediante la filtración de inteligencia institucional.
Uno de los nombres destacados es el de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública del estado. Las indagatorias señalan que presuntamente recibió pagos mensuales de hasta 100 mil dólares. Esto fue a cambio de evitar acciones policiales contra la facción de “Los Chapitos” y alertar sobre operativos en laboratorios clandestinos.
El expediente afirma que estas advertencias permitían retirar equipo y personal antes de la llegada de las fuerzas federales. Además de Mérida, se menciona a Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado. Presuntamente, él recibía 11 mil dólares mensuales por compartir información sobre investigaciones encabezadas por agencias mexicanas y extranjeras.
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