Aunque el voto suele ser visto como un derecho ciudadano, la Constitución mexicana también lo establece como una obligación. Sin embargo, especialistas coinciden en que actualmente no existe una ley que contemple sanciones para quienes deciden no acudir a las urnas.
La Carta Magna señala que las y los ciudadanos deben participar en elecciones y otros ejercicios democráticos. Incluso menciona la posible suspensión de derechos por incumplir ciertas obligaciones cívicas, pero no existe una legislación que explique cómo aplicar esa medida.
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Expertos explican que las autoridades electorales pueden saber quién votó y quién no mediante los listados nominales utilizados en las casillas. No obstante, esa información no genera consecuencias legales ni administrativas para quienes se abstienen de participar.
El tema cobra relevancia debido a los bajos niveles de participación que suelen registrarse en algunas elecciones locales. Especialistas consideran que una mayor asistencia a las urnas fortalece la representación ciudadana y permite que más voces sean tomadas en cuenta en las decisiones públicas.
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