Un ciudadano de este municipio denunció públicamente un presunto caso de cobro indebido de recursos federales del Programa del Bienestar, luego de asegurar que una mujer continuó recibiendo durante aproximadamente cinco años los depósitos correspondientes a una persona fallecida.
El denunciante, Oscar Felipe Rangel Piedra, informó que su madre, Marta Alicia Piedra Pérez, falleció hace varios años; sin embargo, señaló que el beneficio económico continuó siendo cobrado por una familiar, identificada como Sonia Rangel Leos, residente del barrio El Bajío.
De acuerdo con la versión del ciudadano, el sistema no reflejó oportunamente la baja por defunción de su madre, situación que habría permitido que durante ese periodo continuaran realizándose los depósitos del programa federal.
Oscar Felipe explicó que hace aproximadamente un mes acudió ante el Ministerio Público para presentar una denuncia relacionada con la utilización de la tarjeta bancaria asociada al programa social, la cual pertenecía a su madre.
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Según manifestó, tras detectarse la situación, autoridades correspondientes realizaron el retiro de la tarjeta que era utilizada para recibir los recursos económicos.
El ciudadano señaló que, de acuerdo con la información que recibió, corresponderá a las instancias federales encargadas de los programas sociales determinar si existe alguna responsabilidad legal y, en su caso, proceder conforme a la ley por posibles irregularidades relacionadas con el cobro de apoyos a nombre de una persona fallecida.
Asimismo, indicó que la suspensión del acceso a dichos recursos le brinda tranquilidad al considerar que ya no continuará la entrega de apoyos vinculados a una persona que ya no se encuentra con vida.
Finalmente, hizo un llamado a las familias que atraviesan por el fallecimiento de algún beneficiario de programas sociales para que realicen los trámites correspondientes de actualización y baja ante las dependencias responsables, con el objetivo de evitar irregularidades o situaciones que puedan derivar en conflictos legales.
Cabe señalar que cualquier posible responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes mediante las investigaciones correspondientes y respetando el debido proceso.
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