Miles de coahuilenses podrían estar enfrentando cobros excesivos por parte de empresas concesionarias de grúas y administradoras de corralones, advirtió el diputado Fernando Rodríguez, quien presentó un punto de acuerdo para exigir una revisión de los mecanismos de supervisión y regulación de estos servicios en todos los municipios del estado.
El legislador señaló que en los últimos años se ha incrementado el número de quejas ciudadanas relacionadas con los costos de arrastre, maniobras, almacenamiento y liberación de vehículos, tarifas que en muchos casos son consideradas desproporcionadas y afectan severamente la economía de las familias.
Fernando Rodríguez explicó que decenas de ciudadanos se acercaron a solicitar apoyo tras verse obligados a pagar cantidades elevadas para recuperar sus unidades, luego de haber sido remitidas a corralones por diversas infracciones o procedimientos administrativos
Según expuso, durante las gestiones realizadas para auxiliar a los afectados se detectaron situaciones que generan preocupación, entre ellas la falta de claridad en las tarifas aplicadas, cobros poco transparentes y procedimientos que dejan en estado de indefensión a los propietarios de los vehículos.
El diputado aseguró que la molestia social ha crecido debido a que, en muchos casos, los montos cobrados por arrastre y resguardo terminan siendo mayores que el valor de la propia infracción que originó el retiro de la unidad.
Además, sostuvo que existe una percepción generalizada de que las autoridades municipales no están ejerciendo una supervisión suficiente sobre las empresas encargadas de prestar estos servicios, lo que ha generado desconfianza entre la ciudadanía.
Rodríguez recordó que tanto los municipios como el Estado tienen la obligación constitucional de garantizar que todos los servicios concesionados se presten bajo principios de legalidad, transparencia, proporcionalidad y respeto a los derechos de las personas.
Por ello, planteó la necesidad de revisar el marco regulatorio vigente, así como las condiciones bajo las cuales operan las empresas de grúas y corralones en cada municipio de Coahuila.
El objetivo, explicó, es prevenir posibles abusos, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que los cobros aplicados sean razonables y estén debidamente justificados.
Asimismo, consideró indispensable que los ayuntamientos transparenten las tarifas autorizadas y establezcan mecanismos más eficaces de vigilancia para evitar prácticas que afecten el patrimonio de los ciudadanos.
El legislador enfatizó que la recuperación de un vehículo no debe convertirse en una carga económica excesiva para las familias, especialmente cuando muchas personas dependen de sus unidades para trabajar y sostener sus ingresos.
Finalmente, Fernando Rodríguez hizo un llamado a las autoridades municipales para actuar de manera inmediata y revisar el funcionamiento de estos servicios, con el propósito de garantizar certeza jurídica y proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos.
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