El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene una postura firme de cero tolerancia al peculado y a cualquier acto de corrupción. Juan Gerardo Oyervides Rodríguez, presidente del Comité Municipal del PRI en Frontera, afirmó que quienes traicionen la confianza ciudadana deberán responder ante las autoridades competentes.
El dirigente aseguró que el partido respalda la aplicación de la ley sin privilegios y con respeto absoluto al debido proceso. Durante una entrevista, Oyervides señaló que el manejo de los recursos públicos debe realizarse con honestidad y transparencia, ya que pertenecen a las familias coahuilenses.
Postura del PRI ante la cero tolerancia al peculado
Oyervides Rodríguez subrayó que el PRI sostiene una posición congruente frente a posibles actos de corrupción. Reiteró que cualquier servidor público que incumpla con su deber debe enfrentar las consecuencias legales correspondientes, sin excepciones de ningún tipo.
“En el PRI somos bien claros. Quien le falle a la confianza de la ciudadanía debe responder ante la ley. Nuestro partido mantiene una postura de cero tolerancia al peculado y a cualquier acto de corrupción”, expresó el líder priista en Frontera.
Respaldo al Estado de Derecho en Coahuila
El dirigente municipal destacó que en Coahuila existe un liderazgo que garantiza que nadie esté por encima de la ley. Afirmó que el partido comparte los principios de legalidad impulsados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha sostenido que no existe espacio para la impunidad.
De acuerdo con los lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización es clave para un gobierno eficiente. Oyervides añadió que los militantes respaldan a las instituciones encargadas de impartir justicia bajo el respeto a los derechos humanos.
Finalmente, el presidente del Comité Municipal en Frontera aseguró que en la entidad no hay cabida para la deshonestidad. Recalcó que la cero tolerancia al peculado es un eje central para mantener la confianza de la población y garantizar que los recursos se destinen exclusivamente al bienestar social.