La diputada local Edith Hernández Sillas presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud federal a que, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las secretarías de Salud de las entidades federativas, implementen medidas y protocolos específicos para prevenir, atender y combatir los ataques de odio, campañas de desprestigio y falsas acusaciones en redes sociales dirigidas contra médicos y personal de salud.
La legisladora advirtió que el crecimiento de las redes sociales ha traído importantes beneficios para la comunicación y el acceso a la información; sin embargo, también ha propiciado la proliferación de conductas como el acoso, la suplantación de identidad, los fraudes y las campañas de difamación que afectan gravemente a distintos sectores de la sociedad.
En ese contexto, señaló que uno de los gremios más afectados en los últimos años ha sido el personal médico, que además de enfrentar agresiones físicas y verbales durante la pandemia de COVID-19, ahora es víctima de señalamientos falsos que dañan su prestigio profesional y su vida personal.
La diputada recordó que durante la emergencia sanitaria Coahuila fortaleció su marco legal para proteger al personal de salud, incorporando en el Código Penal sanciones más severas para quienes inciten al odio o a la violencia contra médicos, enfermeras y trabajadores de instituciones públicas y privadas de salud durante una contingencia sanitaria.
No obstante, sostuvo que una vez superada la pandemia surgió una nueva problemática que continúa creciendo: las acusaciones infundadas y sin evidencia difundidas a través de redes sociales, donde personas atribuyen presuntos actos de negligencia médica con el único propósito de desacreditar a los profesionales de la salud.
La iniciativa expone que este tipo de publicaciones generan consecuencias que trascienden el ámbito digital, pues provocan afectaciones emocionales como estrés, ansiedad y depresión, además de pérdidas económicas derivadas de la disminución de pacientes, el deterioro de la reputación profesional y el impacto que estas campañas tienen sobre las familias de los médicos.
Asimismo, señala que diversos profesionistas de Coahuila y de otras entidades del país han solicitado a las autoridades establecer mecanismos institucionales que les permitan enfrentar este tipo de agresiones y contar con respaldo jurídico cuando sean objeto de denuncias falsas.
El documento precisa que, aunque los delitos de calumnia y difamación fueron eliminados de la mayoría de los códigos penales del país, ello no significa que este tipo de conductas queden impunes, ya que quienes difundan acusaciones falsas pueden ser demandados por daño moral en la vía civil, conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La diputada enfatizó que acusar sin pruebas a un médico de negligencia, abuso o incapacidad profesional no constituye un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino una conducta que vulnera derechos fundamentales como el honor, la reputación y la dignidad de las personas.
Por ello, el exhorto propone que la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y las autoridades estatales diseñen protocolos de actuación para atender denuncias falsas, brindar asesoría jurídica al personal médico afectado, coordinarse con las fiscalías cuando existan amenazas directas y establecer mecanismos institucionales que frenen las campañas de odio y desprestigio en redes sociales.
La legisladora sostuvo que proteger a quienes diariamente cuidan la salud de la población también implica garantizar condiciones para que ejerzan su profesión libres de violencia digital, amenazas y ataques que pongan en riesgo su integridad personal y profesiona
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