La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Beatriz Fraustro Dávila, informó que ya fue presentada una denuncia por hostigamiento derivada de los hechos registrados durante una de las sesiones del Poder Legislativo, al considerar que la integridad del personal y de las y los diputados fue vulnerada por la actuación de uno de los legisladores involucrados en la controversia sobre una diputación.
La legisladora explicó que la decisión de realizar la sesión más reciente en modalidad virtual fue tomada de manera consensuada por la Junta de Gobierno, luego de los incidentes ocurridos durante la sesión presencial anterior, donde, aseguró, se presentaron actos de persecución, hostigamiento y alteraciones al orden dentro del recinto legislativo.
Fraustro señaló que el Congreso tiene la obligación de garantizar un ambiente seguro para quienes laboran y participan en las sesiones, por lo que afirmó que la agenda legislativa no puede quedar sujeta a situaciones que alteren el orden o pongan en riesgo a los asistentes.
“Consideré que se vulneró el derecho de cualquier persona que estuviera dentro de las instalaciones del Congreso, tanto del personal como de las diputadas y diputados”, expresó.
La presidenta de la Junta de Gobierno confirmó que la denuncia fue presentada por el oficial mayor del Congreso y está dirigida contra el diputado que, dijo, grabó, siguió y acosó a una trabajadora del Poder Legislativo.
Aclaró que el procedimiento no corresponde a un caso de violencia política de género, sino a un presunto acto de hostigamiento y acecho.
Explicó que, aunque las personas involucradas ingresaron inicialmente al recinto como cualquier ciudadano con derecho de acceso, durante el desarrollo de la sesión realizaron manifestaciones e incluso subieron a la tribuna, situación que, afirmó, contraviene las disposiciones que regulan el funcionamiento del Congreso del Estado
Respecto al conflicto jurídico relacionado con la integración de una diputación local, Beatriz Fraustro reiteró que el Congreso no tiene facultades para determinar quién debe ocupar el cargo mientras existan procedimientos judiciales pendientes.
Indicó que, aunque uno de los recursos promovidos fue desistido ante el Tribunal Electoral local, aún permanecen abiertos otros procedimientos, incluidos dos juicios de amparo, por lo que será la autoridad jurisdiccional la que determine finalmente quién tiene el derecho legal de asumir la representación legislativa.
“Nosotros no somos la instancia para decidir quién tiene la razón; será el tribunal quien nos indique los alcances de las resoluciones y nosotros acataremos lo que jurídicamente corresponda”, sostuvo.
Añadió que el Congreso continúa respondiendo en tiempo y forma a todos los requerimientos emitidos por las autoridades judiciales y electorales, mientras espera una resolución definitiva que otorgue certeza jurídica sobre este asunto
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