El Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C. informó que esperará la postura oficial del síndico sobre la quiebra de AHMSA antes de definir acciones legales. Esto ocurre tras la resolución judicial que ordena la devolución de un montacargas a la empresa Bravo Montacargas, un hecho que ha generado incertidumbre entre los extrabajadores de la siderúrgica.
Julián Torres Ávalos, presidente de la organización, señaló que el retiro del equipo debe ser analizado primero por el responsable del concurso mercantil. El objetivo es conocer los alcances legales de la determinación emitida por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) para garantizar que no se afecte el patrimonio de la empresa.
Postura de los trabajadores ante la quiebra de AHMSA
Torres Ávalos recordó que el Grupo de Defensa Laboral ha sostenido que no deben salir bienes de las instalaciones mientras no concluya el proceso de venta. No obstante, reconoció que en la quiebra de AHMSA existen equipos cuya propiedad legal corresponde a terceros y podrían ser restituidos si la autoridad judicial así lo determina de manera definitiva.
Como antecedente, mencionó que anteriormente una empresa intentó recuperar equipo de cómputo. En esa ocasión, tras un diálogo con los obreros, la compañía aceptó esperar el avance del procedimiento para evitar confrontaciones. El dirigente admitió que existen opiniones encontradas entre los extrabajadores sobre la salida de estos activos de la planta.
Próxima subasta de activos y defensa legal
En medio del proceso de quiebra de AHMSA, los trabajadores confirmaron que aceptarán la asesoría jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. Esta nueva representación legal busca fortalecer la defensa de los intereses obreros ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, que pronto emitirá las bases para la subasta de activos.
Finalmente, Torres Ávalos reiteró que la prioridad absoluta en la quiebra de AHMSA sigue siendo la publicación de la convocatoria de subasta. Los extrabajadores esperan la llegada de un inversionista que permita liquidar los adeudos laborales que se han acumulado por más de tres años en la región centro de Coahuila.