El diputado federal Marcelo Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero a gobernadores que sean investigados por delitos relacionados con la delincuencia organizada, el narcotráfico o las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La propuesta contempla modificar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de fortalecer los mecanismos de investigación y actuación de las autoridades cuando existan señalamientos o imputaciones por delitos de alto impacto contra titulares del Poder Ejecutivo estatal.
De acuerdo con la iniciativa, cuando existan indicios fundados o imputaciones formales contra un gobernador, se activaría de manera automática un procedimiento de investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, plantea eliminar la declaración de procedencia, conocida como fuero constitucional, en los casos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero o narcotráfico.
La propuesta también establece que, si un servidor público es vinculado a proceso por alguno de estos delitos, deberá separarse cautelarmente del cargo mientras se desarrolla el procedimiento judicial correspondiente.
Torres Cofiño señaló que la reforma pretende evitar que las figuras constitucionales creadas para proteger el ejercicio de la función pública sean utilizadas para obstaculizar o retrasar investigaciones penales.
“México enfrenta una crisis inédita donde las instituciones locales corren el riesgo de convertirse en trincheras de las mafias. Los recientes señalamientos internacionales e investigaciones judiciales de gran impacto no pueden seguir topándose con la inacción o la complicidad del compadrazgo político”, expresó.
El legislador sostuvo que el fuero constitucional debe servir para garantizar el ejercicio de las funciones públicas, pero no convertirse en un obstáculo para la procuración de justicia cuando existan elementos que vinculen a un servidor público con delitos graves.
“Lo que hoy proponemos es un mecanismo automático, jurídicamente robusto y despolitizado. Si existen elementos fundados o solicitudes de cooperación internacional por narcotráfico contra un gobernador, la justicia debe actuar de inmediato, sin discrecionalidad y sin pedir permiso a los congresos”, afirmó.
La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual discusión en el Congreso de la Unión.
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