La diputada Edith Hernández presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal a implementar, en coordinación con los estados y municipios, un programa de orientación e información dirigido a personas adultas mayores y sus familias, con el propósito de prevenir, atender y denunciar de manera oportuna el robo o despojo de las tarjetas de la Pensión para el Bienestar.
La legisladora advirtió que este tipo de abuso ha ido en aumento y que, en la mayoría de los casos, los responsables son familiares que se apropian ilegalmente de los recursos económicos destinados a los adultos mayores, aprovechándose de su estado de salud, movilidad reducida o condición de vulnerabilidad.
Recordó que el pasado 23 de junio presentó un primer exhorto sobre esta problemática, en el que alertó sobre los casos de adultos mayores que son despojados de sus tarjetas bancarias y de los recursos que reciben a través de los programas sociales del Gobierno Federal.
Tras aquella propuesta, explicó, recibió decenas de mensajes a través de redes sociales y solicitudes de apoyo de ciudadanos que buscaban conocer a qué autoridades acudir para denunciar estos abusos o cómo ayudar a familiares que enfrentan esta situación.
“La problemática sigue creciendo y cada vez es más visible gracias a las redes sociales y al trabajo periodístico”, señaló la diputada al justificar la necesidad de reforzar las acciones preventivas.
Como ejemplo, citó el caso del municipio de Frontera, Coahuila, donde la Dirección del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad detectó al menos 22 casos de robo de pensiones a personas adultas mayores, situación que, dijo, evidencia que se trata de una problemática real y cada vez más frecuente.
Ante este panorama, Edith Hernández propuso que la Secretaría de Bienestar desarrolle campañas permanentes de información y asesoría jurídica para que las víctimas, sus familiares o personas de confianza conozcan con claridad qué hacer en caso de sufrir el robo o despojo de su tarjeta.
El exhorto plantea que existan procedimientos sencillos y accesibles para bloquear de inmediato las tarjetas, recuperar los apoyos económicos, presentar denuncias y recibir acompañamiento legal, además de garantizar que los responsables enfrenten las sanciones administrativas y penales que correspondan.
La legisladora sostuvo que las personas adultas mayores requieren atención ágil, formatos accesibles y respuestas oportunas, por lo que consideró indispensable fortalecer la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para brindarles una protección efectiva.
Finalmente, afirmó que prevenir estos abusos no solo significa proteger el patrimonio de miles de adultos mayores, sino también garantizar que los apoyos sociales lleguen realmente a quienes los necesitan y evitar que familiares o terceros se aprovechen de una población especialmente vulnerable.
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