Nadia de la Luz García Hernández, una trabajadora doméstica de 65 años, presentó una demanda por despido injustificado y denunció presuntas represalias por parte de su ex patrón, el empresario y ex diputado local Ricardo Saldívar. La afectada señala que, tras reclamar la liquidación que le corresponde por más de cuatro años de servicio, ha sido blanco de una denuncia penal y amenazas que han deteriorado su estado de salud.
La mujer explicó que laboró durante cuatro años y cuatro meses en el domicilio del empresario. Al ser separada de su cargo, acudió a entregar las llaves del inmueble, pero recibió como única propuesta de liquidación la cantidad de seis mil pesos, cifra que consideró insuficiente y fuera de la ley.
El proceso de la demanda por despido injustificado
Ante la negativa de un pago justo, García Hernández decidió acudir a las autoridades laborales. Según los cálculos legales, la indemnización que le corresponde asciende a poco menos de 40 mil pesos. Al no alcanzar un acuerdo conciliatorio en la demanda por despido injustificado, la situación escaló a instancias penales.
La exempleada informó que fue denunciada por el presunto robo de objetos de valor, incluyendo una cadena de oro. Sin embargo, ella niega categóricamente los cargos, asegurando que solo retiró materiales de reciclaje y limpieza que eran considerados basura, con el conocimiento de la administración de la vivienda.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores domésticos tienen derecho a indemnizaciones claras en caso de rescisión de contrato sin causa justificada, un marco legal que la denunciante busca hacer valer.
Denuncian amenazas y afectaciones a la salud
Además del conflicto legal, la afectada manifestó haber recibido llamadas intimidatorias para que desista de su demanda por despido injustificado. Según su testimonio, ha sido advertida sobre posibles accidentes que podrían sufrir ella o su esposo, además de amenazas de boletinarla para impedir que consiga un nuevo empleo.
Esta situación ha agravado sus padecimientos de diabetes e hipertensión, requiriendo atención médica de urgencia recientemente. García Hernández subrayó que en toda su trayectoria laboral nunca había enfrentado acusaciones de robo ni conflictos de esta índole.
Finalmente, la trabajadora hizo un llamado a la comunidad a ser precavidos al establecer relaciones laborales con el empresario, señalando que existen antecedentes de otros empleados en situaciones similares. Cabe destacar que estas declaraciones representan la versión de la denunciante y serán las autoridades competentes quienes resuelvan la demanda por despido injustificado y la denuncia penal correspondiente.