Un juez de control del Centro de Justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano determinó este viernes imponer prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Ayotzinapa.
La medida cautelar fue dictada durante la audiencia inicial, celebrada después de que el exmandatario fuera detenido la mañana del jueves sobre la carretera México-Querétaro.
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La FGR presentó formalmente la imputación por hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Juez rechaza arraigo domiciliario
Durante la audiencia, la defensa de Aguirre Rivero pidió que enfrentara el proceso bajo arraigo domiciliario, al argumentar que el exgobernador es una persona de edad avanzada y presenta un estado de salud delicado.
Sin embargo, el juez consideró que no se cumplían las condiciones establecidas por la ley para conceder dicha medida y resolvió imponer la prisión preventiva oficiosa.
Aguirre Rivero llegó a la sala de audiencias en silla de ruedas y manifestó padecer complicaciones relacionadas con la hipertensión, además de un deterioro físico que, según su defensa, se habría agravado tras su detención y permanencia en prisión. Ante su condición, recibió atención y valoración médica dentro del centro penitenciario.
FGR señala presunta destrucción de evidencia
Durante la formulación de cargos, la representación de la Fiscalía sostuvo que la investigación apunta al ocultamiento y destrucción de material considerado relevante para esclarecer la privación de la libertad y desaparición de los 43 normalistas.
La acusación se apoya principalmente en los testimonios de Blanca “N”, quien se desempeñaba como visitadora general del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina “N”, entonces presidenta del Poder Judicial estatal.
De acuerdo con las declaraciones presentadas por la Fiscalía, el 29 de septiembre de 2014 se habría entregado al entonces gobernador un disco óptico que contenía imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el exterior del Palacio de Justicia.
Según los testimonios expuestos durante la audiencia, un día después Aguirre Rivero habría reunido a integrantes de su círculo cercano, entre ellos el entonces procurador de Justicia estatal, Iñaki Blanco, para presuntamente ordenar el ocultamiento y destrucción de esos registros.
Aguirre Rivero niega responsabilidad
Mientras la Fiscalía daba a conocer los señalamientos, el exgobernador mostró gestos de incredulidad y desaprobación. Inicialmente decidió reservarse su derecho a declarar, aunque posteriormente tomó la palabra para referirse a los hechos.
Aguirre Rivero expresó su pesar por lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa, afirmó que a lo largo de los años ha mantenido su disposición para colaborar con las investigaciones y rechazó haber cometido alguna conducta ilícita.
“Yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”, manifestó al concluir su intervención.
Audiencia continuará el 11 de agosto
La audiencia inicial continuará el martes 11 de agosto, mientras que el plazo constitucional para determinar si Aguirre Rivero es vinculado o no a proceso vencerá el miércoles 12 de agosto a las 20:00 horas.
Será entonces cuando el juez de control determine si existen elementos suficientes para que el exgobernador de Guerrero enfrente un proceso penal por los hechos que le atribuye la Fiscalía General de la República en relación con el caso Ayotzinapa.
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