Ex obreros de AHMSA buscan audiencia con el secretario del Trabajo por justicia social

La organización Ex Obreros de Coahuila A.C. buscará este lunes ante la representación de la Secretaría de Gobernación una audiencia directa con el Gobierno Federal. El objetivo de los ex obreros de AHMSA es avanzar en la propuesta de compensación por justicia social que reclaman desde hace más de tres décadas.

Juan Antonio Ruvalcaba Oviedo, presidente de la asociación, informó que una comisión se reunirá con Juan Dávila Tovar, representante de la Secretaría de Gobernación en Coahuila, para formalizar la petición. Los trabajadores aclaran que este movimiento es independiente a la actual crisis de la siderúrgica, pues su reclamo data de la privatización ocurrida entre 1989 y 1991.

Ex obreros de AHMSA exigen pago por privatización

La principal demanda de los ex obreros de AHMSA consiste en una compensación económica derivada del proceso de venta de la empresa durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Aunque originalmente solicitaban el 5% del valor de la venta, la propuesta se ha modificado a un pago único de 80 mil pesos por trabajador.

El dirigente explicó que, aunque contemplaban viajar a la Ciudad de México, las autoridades federales solicitaron canalizar primero el planteamiento a través de la delegación estatal. Esta vía busca agilizar la entrega de documentación y asegurar que el expediente llegue directamente a las manos del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Avances en la compensación por justicia social

La comisión que representa a los ex obreros de AHMSA está integrada por líderes de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura. Según Ruvalcaba Oviedo, existen señales favorables para que el Gobierno Federal considere una partida presupuestal que cubra este reclamo histórico, el cual ha sido ignorado por administraciones pasadas.

Finalmente, los representantes señalaron que no detendrán las gestiones hasta obtener una respuesta concreta. La lucha de los ex obreros de AHMSA representa una de las demandas laborales más antiguas de la región, buscando cerrar un capítulo de incertidumbre que inició hace más de 30 años con la desincorporación de la siderúrgica del sector público.

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