El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido y presentado ante un juez por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada, relacionados con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Durante la audiencia de imputación celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, la Fiscalía General de la República presentó testimonios de colaboradores que apuntan a una presunta estructura de encubrimiento desde el gobierno estatal. Según los datos expuestos, Aguirre Rivero habría ordenado obtener las grabaciones de cámaras del Tribunal Superior de Justicia en Iguala, las cuales habrían registrado la intercepción del autobús en el que viajaban los normalistas.
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Los testimonios también señalan que una de las razones para ocultar ese material habría sido proteger a su sobrino, Ernesto Aguirre Gutiérrez, a quien se atribuye una presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos y conocimiento previo de los acontecimientos. Además, declaraciones atribuidas a integrantes de esa organización, entre ellos Sidronio Casarrubias Salgado, conocido como “El Sapo Guapo”, apuntan a un supuesto vínculo financiero con la campaña de Aguirre por la gubernatura de Guerrero.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que la desaparición de las grabaciones no habría sido una falla administrativa, sino parte de una “operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”. La Fiscalía sostiene que el objetivo habría sido eliminar evidencias relacionadas con una posible complicidad entre autoridades y grupos criminales.
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