La diputada Edith Hernández presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal a coordinarse con sus homólogas estatales, fiscalías y poderes judiciales para implementar políticas públicas que faciliten a las mujeres el acceso efectivo a la justicia frente a los deudores alimentarios.
La legisladora advirtió que, aunque durante los últimos años se han aprobado diferentes reformas para obligar a quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias a responder por sus obligaciones, en la práctica miles de mujeres continúan enfrentándose a procesos lentos, falta de asesoría, amenazas y estrategias utilizadas por los deudores para ocultar sus ingresos.
Entre las medidas legales existentes se encuentra el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, además de restricciones para que quienes se encuentren en esa condición puedan ocupar determinados cargos públicos o de elección popular
También existen herramientas como el embargo precautorio de bienes y derechos del deudor, el congelamiento provisional de cuentas bancarias y disposiciones penales relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Sin embargo, Hernández consideró que contar con leyes más estrictas no garantiza por sí mismo que las madres y sus hijos reciban oportunamente los recursos que les corresponden.
Como parte del Punto de Acuerdo, la diputada citó datos de la Estadística de Divorcios del INEGI correspondiente a 2024, cuando se registraron 161 mil 932 divorcios en México. De acuerdo con la información presentada, solamente en el 38.6 por ciento de los casos en los que las personas divorciantes compartían hijas e hijos se asignó una pensión alimenticia.
Para la legisladora, estas cifras reflejan una problemática que puede provocar que numerosas mujeres terminen asumiendo prácticamente solas las responsabilidades económicas y de cuidado de sus hijos.
Entre los principales obstáculos identificados se encuentran la lentitud y el rezago de los procesos judiciales, además de las maniobras de algunos deudores para ocultar o disminuir aparentemente sus ingresos con el propósito de evitar el cumplimiento de sus obligaciones.
A esto se suma la imposibilidad económica de muchas mujeres para contratar abogados particulares especializados, así como la falta de información suficiente sobre sus derechos y los mecanismos jurídicos disponibles para exigir una pensión.
El Punto de Acuerdo también advierte sobre casos de amenazas e intimidaciones ejercidas por los propios deudores e incluso presiones provenientes de familiares de éstos para intentar que las mujeres abandonen los procedimientos legales.
Ante este escenario, Edith Hernández planteó que las políticas públicas deben ir más allá de aprobar nuevas disposiciones y concentrarse en conseguir que las normas existentes produzcan resultados concretos.
La diputada consideró necesario garantizar defensoría especializada, asesoría jurídica accesible y medidas cautelares para aquellas mujeres que enfrenten amenazas o agresiones durante los procedimientos.
También pidió trabajar en mecanismos que permitan contar con procesos más eficientes y expeditos, mediante una coordinación efectiva entre las instituciones responsables de atender estos casos.
Hernández advirtió que mientras las reformas no se traduzcan en resultados medibles, miles de mujeres pueden continuar en estado de indefensión, sin recibir la pensión correspondiente y enfrentando solas las necesidades económicas de sus hijos.
Por ello, pidió que la Secretaría de las Mujeres encabece una estrategia coordinada con autoridades estatales, fiscalías y poderes judiciales para cerrar la distancia que actualmente existe entre lo establecido por la ley y lo que realmente enfrentan las mujeres cuando buscan hacer efectivo el derecho a recibir alimentos
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