Una familia de Saltillo denunció las dificultades que, de acuerdo con su testimonio, enfrentó durante la madrugada de este viernes 21 de agosto para conseguir atención hospitalaria para un hombre que permanecía inconsciente después de ingerir medicamentos, en un contexto de intento de suicidio.
Según la publicación difundida por una de sus familiares en redes sociales, el hombre, un adulto con discapacidad motriz y antecedentes de atención en el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME), fue localizado inconsciente, aunque mantenía la respiración.
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La familia solicitó auxilio mediante el número de emergencias 911 y una ambulancia acudió al domicilio. De acuerdo con el relato, los paramédicos evaluaron al paciente y señalaron que presentaba signos de intoxicación y podía requerir atención médica en un hospital.
Familia asegura que enfrentó dificultades para conseguir traslado
La denunciante afirmó que posteriormente se les informó que el Hospital General no tenía camas disponibles. Entre las opciones que, según su testimonio, les plantearon estuvieron llevar al paciente a una institución privada, mantenerlo bajo vigilancia en casa o trasladarlo al CESAME.
La familia habría sido informada de que, para acudir al CESAME, tendría que encargarse del traslado por sus propios medios.
Sin embargo, la mujer explicó que esta alternativa representaba una dificultad debido a que su hermano permanecía inconsciente, no contaban con un vehículo y tampoco disponían de equipo adecuado para movilizarlo sin ponerlo en riesgo.
Ante la situación, ella y su hermana comenzaron a buscar por cuenta propia una ambulancia particular.
Buscan ambulancias privadas durante la madrugada
De acuerdo con el relato publicado, uno de los servicios privados consultados les indicó que el traslado debía ser gestionado mediante el sistema de emergencias, mientras que otras empresas señalaron que no tenían unidades disponibles.
La familia también habría recibido una cotización cercana a los 3 mil pesos por un traslado. La denunciante calculó además que llevar al paciente a un hospital privado podría representar un gasto de entre 30 mil y 40 mil pesos.
Mientras buscaban una alternativa, el hombre permaneció inconsciente en su domicilio y sus familiares se mantuvieron pendientes de su respiración.
Posteriormente, la mujer informó que su hermano sobrevivió a la emergencia y utilizó su experiencia para cuestionar la capacidad de respuesta disponible para personas que atraviesan situaciones similares y que no cuentan con vehículo, seguridad social o recursos económicos para contratar servicios particulares.
La denunciante enfatizó que su señalamiento no estaba dirigido contra los paramédicos que acudieron a su domicilio, sino hacia lo que considera una falta de mecanismos suficientes para atender y trasladar este tipo de emergencias.
Solicitan conocer protocolo para casos de intoxicación y crisis de salud mental
La familia pidió a las autoridades estatales aclarar cuál es el procedimiento que debe seguirse cuando una persona presenta intoxicación por medicamentos y pérdida del conocimiento, particularmente cuando el hospital al que podría ser trasladada no dispone de camas.
También solicitó conocer qué institución debe coordinar el traslado en estos casos y cuáles son las alternativas para las familias que no pueden movilizar por sus propios medios a un paciente inconsciente.
Asimismo, pidió información sobre la disponibilidad de ambulancias de atención prehospitalaria durante la madrugada del 21 de agosto y sobre la existencia de protocolos específicos para atender y trasladar a personas que sobreviven a un intento de suicidio.
La denunciante dirigió su solicitud a la Secretaría de Salud de Coahuila, el Centro Estatal de Salud Mental, el Gobierno del Estado y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, a quienes pidió precisar la ruta de atención para personas que requieren asistencia inmediata y no cuentan con seguridad social ni recursos para contratar un traslado privado.
Hasta el momento, los señalamientos corresponden al testimonio difundido por la familia, por lo que se requiere la postura de las instituciones involucradas para conocer las circunstancias en que se brindó la atención y los protocolos aplicados durante la emergencia.
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