Rubén Rocha Moya retoma la gubernatura de Sinaloa, pese a la acusación de Estados Unidos que lo señala por presuntamente proteger a Los Chapitos; Morena se deslinda, pero permite que uno de sus personajes más cuestionados vuelva al poder.
En un hecho vergonzoso para el país, Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa después de permanecer 112 días con licencia y mientras continúa sujeto a una acusación formal en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
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El Departamento de Justicia estadounidense acusa al mandatario morenista de reunirse con líderes de Los Chapitos, ofrecer protección a sus operaciones y permitir la infiltración de funcionarios vinculados con esa organización criminal. También sostiene que dicha facción habría intervenido mediante amenazas y secuestros para favorecer su llegada al gobierno estatal. Rocha niega todos los señalamientos y asegura que no existen pruebas en su contra; hasta el momento, tampoco hay una sentencia condenatoria.
Aun así, resulta inadmisible que un gobernador sometido a acusaciones de semejante gravedad pueda regresar al poder como si nada hubiera sucedido. Sinaloa atraviesa una crisis brutal de violencia, con miles de homicidios y desapariciones, familias desplazadas, negocios cerrados y comunidades enteras sometidas por la guerra entre organizaciones criminales. ¿Cómo vamos a permitir que, en medio de esta tragedia, vuelva a gobernar quien debería estar dedicado a aclarar plenamente su situación jurídica?
Morena se deslindó de la reincorporación y aseguró que no tuvo conocimiento previo de la decisión. La presidenta Claudia Sheinbaum también sostuvo que el regreso dependía exclusivamente de Rocha. Pero ese distanciamiento resulta insuficiente: no basta con emitir un comunicado y mirar hacia otro lado cuando un gobernador surgido de sus filas reasume el control político y administrativo de uno de los estados más golpeados por el narcotráfico.
Si Morena realmente no respalda su regreso, debería exigirle que se separe del cargo hasta que las investigaciones concluyan. De lo contrario, su deslinde será solamente una simulación para reducir el costo político, mientras en los hechos permite que Rocha gobierne, maneje recursos públicos y tenga nuevamente bajo su autoridad instituciones estratégicas.
Lo ocurrido constituye una vergüenza nacional. Mientras México enfrenta una crisis de inseguridad, tensiones con Estados Unidos y crecientes señalamientos sobre la posible infiltración del crimen organizado en la política, la respuesta de la 4T es permitir el regreso de uno de sus gobernadores más cuestionados.
Rocha podrá decir que vuelve “con la frente en alto”, pero el país no puede normalizar que personajes formalmente acusados de proteger al narcotráfico se refugien en el discurso de la soberanía para evitar rendir cuentas. Aquí no se está juzgando anticipadamente su culpabilidad: se está exigiendo responsabilidad política frente a acusaciones extraordinariamente graves.
México merece instituciones limpias y gobernantes sin sospechas de complicidad criminal. Lo mínimo exigible es una investigación transparente, cooperación internacional y la separación del cargo mientras se esclarecen los hechos. Todo lo demás huele a protección, impunidad y encubrimiento político.
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